Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña –tres del PSOE, uno del PCAS y otro no adscrito tras abandonar el PP– han sacado adelante en el Pleno extraordinario una moción que obliga al alcalde, Miguel García Maroto del PP, a renunciar a su sueldo y destinar el dinero a un plan de empleo para los parados del municipio. Tras llegar a la alcaldía el año pasado, García Maroto decidió empezar a cobrar un salario de más de 2.000 euros mensuales en una población de poco menos de 1.500 habitantes.

El portavoz socialista, Rafael Pérez, ha explicado que nunca hasta entonces los alcaldes de Loranca habían percibido remuneración alguna por ejercer el cargo. "Desde luego no es ahora el momento de empezar a hacerlo, cuando los ciudadanos y los ayuntamientos están atravesando una grave crisis”, ha señalado. Los votos de la oposición han servido también para aprobar otra moción que exige la regulación del uso de un vehículo municipal, que García Maroto ha puesto enteramente a su servicio.

Para el concejal del PSOE, "con este tipo de actitudes, el alcalde demostró desde el primer momento que solo estaba preocupado por sus propios intereses, lo que ha llevado al Ayuntamiento a una situación de ingobernabilidad”. Por eso, ha agregado, "no hemos tenido más remedio que tomar la iniciativa para evitar que la gestión del pueblo siga deteriorándose como consecuencia de decisiones arbitrarias que van en perjuicio de los intereses de los vecinos”.

En el Pleno, al que asistieron numerosos vecinos del pueblo, estaba previsto también debatir una moción para autorizar la grabación de las sesiones y su posterior difusión. Sin embargo, ha tenido que ser retirada ante la negativa del alcalde.

"La grabación de los plenos es un ejercicio de transparencia del que está muy necesitado este Ayuntamiento, y ayudaría a que los vecinos pudieran conocer de primera mano lo que ocurre en el gobierno municipal. Más aún en un pueblo como Loranca, donde existen numerosos vecinos que no residen todo el año, pero están en su derecho de conocer las decisiones que les afectan”, ha indicado el portavoz socialista.

El derecho a la grabación de los plenos municipales está reconocido por la Constitución y existen ya sentencias judiciales favorables que lo avalan, como ha señalado el propio defensor del pueblo en una reciente resolución enviada al Ayuntamiento de Matillas, cuyo alcalde, también del PP, mantiene igualmente una actitud obstruccionista sobre este asunto.