El ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, figura entre uno de los beneficiarios.
El PSOE de Sevilla promoverá expedientes de expulsión contra todos
aquellos militantes socialistas que, finalmente, figuren entre las 37
nuevas posibles prejubilaciones fraudulentas elevadas por la Consejería
de Empleo al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga los
expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por
el mercado central de abastos de Sevilla y las subvenciones concedidas
por la Junta de Andalucía en los últimos años para respaldar procesos de
reestructuración de empresas en crisis.
Fuentes del PSOE sevillano han informado a Europa Press de que
esta es la decisión del secretario general del PSOE en la provincia,
José Antonio Viera, recordando que tal fue el procedimiento seguido con
el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía Francisco Javier Guerrero, a cuenta de su papel en la
"trama" investigada por la Brigada Provincial de Policía Judicial por
orden de la magistrada Mercedes Alaya. No obstante, las mismas fuentes
han precisado que la incoación de todo proceso de expulsión ha de
arrancar con la inclusión de los militantes en cuestión en las
diligencias.
Uno de los puntales de la investigación es la labor de Francisco
Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía dada la creación, según recoge un atestado de la
Brigada Provincial de Policía Judicial, de un "nuevo sistema" de ayudas
autonómicas para expedientes de regulación de empleo o "empresas en
crisis". En concreto, y según el atestado policial, gracias a la firma
de un acuerdo entre su departamento y el por entonces Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA), la última de las instituciones se convertía
en la "pagadora" de estas subvenciones "evitando los controles y la
fiscalización propia" de este tipo de libramientos.
"TRAMA" DE PREJUBILACIONES ILEGALES
Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según
la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de
Hacienda Pública de la Junta. "Prueba evidente es que no consta en los
expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas
beneficiarias", señala el atestado, que cuantifica en 647.869.157,45 la
cuantía de ayudas librada mediante este método.
En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela
González y del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio
Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran, respectivamente, como
prejubilados en documentos de los expedientes de regulación de empleo
(ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de
Sevilla, Mercasevilla, si bien la prejubilación de Fontela no habría
sido consumada hasta 2005 en el expediente de regulación de empleo
impulsado por el restaurante Río Grande. |
Sevilla
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