También lo hará el exdelegado municipal de economía y empleo J.A. Sánchez.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha citado para este
lunes al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín
(PSOE), y al exdelegado municipal de economía y empleo Jon Ander
Sánchez como testigos en la investigación tras la interposición
de una querella criminal por administración desleal, abuso de funciones y
perjuicios económicos por la sociedad Sevilla Global,
adscrita al Consistorio, contra el exgerente de la entidad
José Ramírez, que abandonó su cargo tras la dimisión
de Sánchez por diferencias con el portavoz Antonio Rodrigo
Torrijos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso, después de
que Monteseirín no compareciera a la cita que en su día el juzgado fijó
para esta causa, aunque sí lo hicieron varios empleados de la empresa
que también estaban convocados por el juzgado. En concreto, el regidor
está citado a las 10,00 horas, y Sánchez media hora después.
Se da la circunstancia de que Jon Ander Sánchez ejerce en este
caso como abogado defensor de José Ramírez, por lo que la declaración de
éste como testigo supondrá una circunstancia peculiar que se producirá a
petición de la Fiscalía. Sevilla Global decidió iniciar esta acción judicial contra su exgerente a cuenta de la subida de nivel de 18 trabajadores de la empresa,
así como el pase de eventuales a indefinidos de otros 35, que llevó a
cabo la anterior directiva de la empresa.
En este sentido, el delegado municipal de Economía y Empleo y
vicepresidente de Sevilla Global, Carlos Vázquez (IU), sucesor de
Sánchez, ya subrayó la existencia de "elementos suficientes para iniciar
un proceso judicial encaminado a esclarecer los supuestos ilícitos e
irregularidades en los que dicha persona pudo haber incurrido poco antes
de abandonar su cargo en septiembre de 2009".
La medida, adoptada por el consejo de administración de Sevilla
Global, se apoyó en dos informes, uno de carácter interno, emitido en su
momento por los servicios jurídicos propios, y otro encargado a un
despacho externo. El primero evidenció que Ramírez operó "fuera de los
procedimientos legales y estatutarios", sin respetar lo establecido en
los estatutos sociales, la Ley del estatuto básico del empleado público,
el convenio colectivo de Sevilla Global o las bases de ejecución del
presupuesto para 2009, concluyendo que "esa manera de obrar había puesto
en peligro el equilibrio de las cuentas de la empresa".
A partir de ese dictamen, Vázquez explicó a Europa Press que se
encomendó a un gabinete externo un informe relativo a la viabilidad
procesal en función del diagnóstico llevado a cabo y éste reveló que hay
motivos para que prosperase una acción de responsabilidad civil frente
al gerente anterior de la compañía "por haber realizado actos que
excedían de sus funciones, sin seguir las pautas consensuadas con el
órgano de administración de la sociedad y causando un perjuicio
económico a la misma". |