El Juzgado de lo social número cuatro ha fijado para las 10:00 horas de este jueves la vista.
El juzgado de lo social número cuatro ha fijado para las 10:00 horas
de este jueves la segunda vista oral correspondiente a las varias
demandas formuladas por los prejubilados del expediente de regulación de
empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla,
contra la negativa inicial del Instituto nacional de empleo (INEM) a
concederles el subsidio de desempleo.
Se trata de un prejubilado cuya
petición de subsidio de desempleo fue denegada al comienzo del
conflicto, toda vez que el INEM reclama a 18 miembros de este colectivo
el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de
desempleo, al contabilizar como rentas los préstamos de los que gozan
para contrarrestar la paralización de sus prestaciones.
El pasado lunes, como se recordará, el Juzgado de lo social número
cinco suspendía la primera vista oral fijada para resolver una de estas
demandas. La suspensión fue resuelta al acceder el juez a la petición
del INEM para que la demanda fuese ampliada a la propia sociedad mixta
Mercasevilla participada por el ayuntamiento hispalense y Mercasa, a su
ya extinta Fundación socioasistencial, a la Consejería de empleo y al
antiguo Banco Vitalicio, con cuya división se seguros colectivos fueron
contratadas las pólizas de seguros de renta relativas a las prestaciones
de estos prejubilados.
En paralelo, 18 de los prejubilados del expediente de regulación
de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla
han recibido notificaciones correspondientes a la demanda formulada por
la vía Social, por el INEM, al objeto de reclamar el reintegro de las
cuantías libradas para sus respectivos subsidios de desempleo. El
Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, de hecho, ha fijado para
el 24 de junio la vista oral relativa a esta demanda, según ha informado
a Europa Press el presidente del comité de empresa de Mercasevilla,
Rafael Domínguez (CCOO).
LA DEMANDA DEL ERE DE 2007
El pasado 14 de febrero, 34 de los 40 prejubilados del expediente
de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla registraron
una demanda en el registro general de los juzgados del Prado de San
Sebastián al objeto de reclamar los compromisos de pago que rodean a
dicho procedimiento. La demanda, promovida por la vía Social, carga
contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la
sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de
Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora
'Vitalia Vida'.
El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos,
fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las
prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la
consultora 'Vitalia Vida', de otro lado, fue contratada para las labores
de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos
correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de
las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis
por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta
en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas
andaluzas.
EL ERE DE 2007
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en
2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a
9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados
para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han
quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la
financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación
por el Juzgado de Instrucción número seis.
Y es que, aunque el por entonces director general de Trabajo y seguridad social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero,
había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la
"conformidad" de la Dirección general de trabajo y seguridad social en
cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios
trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente
director general de Trabajo y seguridad social, Daniel Rivera, advierte
en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos
firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del
sustento de cualquier resolución o convenio".
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