"Luz y taquígrafos para saber qué está sucediendo en el acceso a la función pública en la administración local”.

Eso es lo que el secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, quiere y por ello ha pedido una Comisión para que esclarezca qué está pasando, tras las muestras que señalan que existe una trama de corrupción "que no se da desde hace un año, ni dos, ni tres, sino que parece una práctica consolidada” en la administración Imbroda.

El número uno de los socialistas hacía referencia a la sentencia que reprochaba "de una manera durísima” al que fuera consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, por las irregularidades detectadas en las oposiciones a la Policía Local. "Son hecho probados y si el Gobierno calla ante esto es porque está de acuerdo y lo ampara”, apostilló.

Pero Muñoz también dio cuenta de un informe realizado por uno de los responsables de los servicios jurídicos de la Asamblea, con más de 20 años de servicio en la administración local, en el que se señala que "han tenido que defender una corporación que hace un uso instrumental del servicio jurídico, bien sea para conformar actuaciones políticas previas, bien haciéndonos perder juicios de forma deliberada”.

Dicho informe añade que por indicación del Gobierno del PP se ha "pertrechado con elementos reprobatorios a la parte contraria” y que se ha llegado a "burlar nuestra intervención, cursando instrucciones a los procuradores a nuestras espaldas para el desistimiento en determinados asuntos sin nuestro conocimiento”.

"INTROMISIÓN DEL PP”

"Es muy grave porque significa no sólo una intromisión del Gobierno en los servicios jurídicos de la Ciudad, sino una manipulación del Gobierno en contra de los intereses de los melillenses”, dejó claro el dirigente socialista.

Un informe, tal y como reveló Muñoz, que explica que en los casos del Juzgado de lo Social, la ciudad perdía en torno al 90% de las causas, por contrataciones en fraude de ley. El responsable de los servicios jurídicos del ayuntamiento, en el informe, explica que "no era casual, sino causal”. Algo que se produce porque "al auxiliar administrativo se le cursaban instrucciones por parte de responsables políticos para que efectuase deliberadamente contrataciones y renovaciones de contratos en fraude de ley, dando lugar a resoluciones judiciales de contratación fija de quien originalmente había sido contratado como temporal o por obra y servicio”.

"Lo que cuenta el informe no es que sea grave es que está contando una trama de corrupción perfectamente organizada para acceder a la función pública en Melilla en la administración local”, señaló Muñoz, que recalcó que, según este informe, desde el Gobierno local se le ha hecho perder casos al servicio jurídico de la Ciudad para que se haga indefinidos a determinados trabajadores en el ayuntamiento.

Y es que ese informe dice que "hay alguien dentro de la casa –de la Ciudad Autónoma-que dice que se hace mal –las contrataciones- porque se tiene planificado, porque hay una decisión política, porque se dan instrucciones a los servicios jurídicos para que se pierdan pleitos, se monta un mecanismo para hacer contrataciones en fraude de ley para permitir el acceso por la puerta de atrás a ese personal”, explicó Muñoz.