 |
|
Editorial |
|
|
|
|
| Los Ayuntamientos, en el punto de mira |
|
 |
|
|
|
|
Recientemente, Tribuna Municipal se ha hecho eco de un curioso caso ocurrido en el seno del Ayuntamiento sevillano de Castilleja de la Cuesta. Resulta que, ante la deuda contraída por dicho Ayuntamiento con la constructora Aroa de casi 600.000 euros, por la edificación de la casa consistorial y varios viales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia mediante la cual el propio alcalde está obligado a hacerse cargo de dicha deuda, aunque para ello tenga que responder con su propio patrimonio.
Sin duda es una sentencia que, aunque aún no sepamos si se
llevará a cabo o no, ya que está recurrida, sienta un precedente importante. La
justicia andaluza añade que ningún ayuntamiento podrá acometer nuevos
endeudamientos sin subsanar los compromisos de pago adquiridos previamente.
El alcalde alixeño se defiende alegando que dicha deuda fue contraída en 1999, durante el mandato del
anterior gobierno. De todas formas, el edil afirma no poder acometer el pago en
el plazo de un mes, que es el que le ha dado el Tribunal, porque además su
patrimonio no llegaría ni al 20% de la deuda en cuestión.
El hecho es que muchos empresarios y autónomos apoyan este
tipo de iniciativas legales, que sin duda acabaría con el endeudamiento
creciente que tenemos en la mayoría de nuestros ayuntamientos. Sin embargo, lo
que no sabemos es si estos empresarios tienen en cuenta la situación de
bancarrota total por la que pasan los consistorios españoles y la financiación
insuficiente que reciben para hacer frente a competencias que les han sido
impuestas y que, en muchas ocasiones, corresponden a las autonomías.
Lo difícil, como siempre, es encontrar el equilibrio en la
balanza. De un lado, las empresas, que también se están encontrando con serias
dificultades para llegar a fin de mes y no pueden, ni deben, depender de que
sus deudores les paguen o no. Y de otro lado, los ayuntamientos, asfixiados por
la renombrada crisis y por el desastroso sistema de financiación local.
Lo que nadie entiende es que estos pequeños ayuntamientos,
tan agobiados, continúen endeudándose, sin tener en cuenta la dificultad para
conseguir crédito ni los pagos de las deudas anteriores. La realidad es que en
España, de los 8.000 ayuntamientos que tenemos, 5.137 tienen contraída algún
tipo de deuda. De hecho, al cierre de 2009, la deuda de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales ascendía a 120.874 millones de euros,
un 11,5% del PIB, casi nada.
Pero vamos aún más allá. Los ayuntamientos, sí, están
endeudados, y en ellos está puesto el punto de mira de la justicia en este
momento. Pero ¿qué ocurre con la deuda
contraída por los ministerios? ¿A dónde va todo ese dinero destinado a algunos proyectos
que finalmente resultan un auténtico fracaso, a cargo de las arcas del Estado?
El saldo de la deuda pública española en 2009 aumentó un
32,63% en tan sólo un año, sumando un total de casi 500.000 millones de euros. Miles
de millones viajan por las alcantarillas de todo el país, pero la justicia
tiene el punto de mira en otro lado.
Este fallo de Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía es un serio aviso para los ayuntamientos, que siguen pensando en la
‘barra libre de antaño’. No nos cabe la menor duda de que el mal ejemplo de
Marbella, así como de algunos ayuntamientos de la costa mediterránea, ha sido
la base de este fallo, con el fin de transmitir a la sociedad que se acabaron
las prácticas corruptas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
