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Editorial |
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| Los ayuntamientos, víctimas de políticas mediocres |
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TRIBUNA MUNICIPAL nació con las ideas bien claras: el fortalecimiento de la democracia a través de los municipios, donde viven el día a día sus ciudadanos, a pesar del descrédito que sufren algunos consistorios por culpa de la corrupción urbanística en puntos de la costa mediterránea y en otros tantos ayuntamientos del interior alrededor de las grandes capitales, que en muchos casos han multiplicado su población por diez.
Ahora con la crisis están atrapados, ahogados por las deudas y con muchas dificultades para pagar incluso las nóminas, siendo para muchos de ellos un calvario el final de mes. Esta situación se ha trasladado a las empresas de servicios y a las constructoras que tienen facturas atrasadas por más de 3.500 millones de euros en toda España. Se crea así en estas empresas un verdadero colapso financiero que de no solucionarse tendrán que despedir a miles de trabajadores.
La situación es gravísima y todos los partidos políticos lo saben y callan. Todos ellos miraban para otro lado en los tiempos de vacas gordas. Todos ellos tienen que participar en solucionar esta delicada situación en la que se encuentran nuestros municipios.
El Gobierno, con sus recortes y sus prohibiciones de no recibir más créditos desde el 1 de enero de 2011 sólo agravará la crisis municipal y la de las empresas afectadas directa o indirectamente. En TRIBUNA MUNICIPAL hemos reclamado desde el número cero la obligación que tiene el estado con sus instituciones por tener que dotarlas de una financiación suficiente para que puedan cumplir con sus compromisos y con sus ciudadanos.
Es urgentísimo que el Gobierno de Zapatero ponga remedio a este grave problema, que como hemos apuntado más arriba, está empezando a colapsar a las empresas suministradoras de los ayuntamientos. Pero sobre todo afecta a la pésima imagen de morosos que están adquiriendo los ayuntamientos.
El Gobierno puede y debe solucionar esta ruina que amenaza al sistema democrático y a miles de personas. Para ello damos algunas pistas: una emisión de bonos especiales a 5-10 años por el importe de la deuda avalada por el Estado y con una quita a las empresas acreedoras por el importe del 50% de los costes de los intereses y otro 50% con cargo a los ayuntamientos.
Un estado no puede permitirse tener en esta situación a la columna vertebral de su democracia. |
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