José Blanco, ministro de Fomento, intentó atraer la semana pasada, sin mucho éxito, a los inversores británicos para que comprasen una casa vacacional en España, donde más de 50.000 propietarios han perdido sus viviendas por ser ilegales, según informa idealista.com.

Hay miembros del parlamento europeo que abogan por congelar parte de los fondos de la Unión Europea para España hasta que no se resuelvan las deficientes legales que existen en materia de vivienda. Desde Europa se critica que en España haya "laxitud judicial” en cuanto a corrupción y especulación urbanística.

Tanto es así que, por ejemplo, Andreasen, miembro del partido independencia de Reino Unido, ve inconcebible que algún extranjero quiera invertir en una vivienda en España, "un país que ha demostrado estar fuera de la ley en materia de vivienda”. Es más, señala que "Andalucía cuenta con 300.000 viviendas ilegales. Si extrapolamos estos datos al resto de España, un millón de hogares podrían ser ilegales”.

Andalucía es una de las zonas más afectadas por la construcción ilegal de viviendas. Alrededor de 50.000 propietarios han perdido sus derechos sobre la propiedad de la vivienda por haber sido construida ilegalmente, según el organismo PNALC (que representa a los propietarios afectados).

Por otro lado, y relacionado con esto, Pepe Blanco parece que también es dueño de una propiedad ilegal en la costa gallega. Hace ya tres años, el residencial ‘Illa de Arousa’, donde se encuentra la vivienda del vicesecretario general del PSOE, estuvo en la picota cuando el Ayuntamiento de Isla de Arousa tuvo que salir al paso por unas acusaciones sobre irregularidades urbanísticas afirmando que el proyecto inmobiliario "contaba con todos los permisos necesarios".

Ahora, según informan directamente fuentes de la zona, algunos propietarios están esperando la más que posible demolición de sus viviendas, mientras que la urbanización en la que se encuentra la casa del ministro parece que no sufrirá dicha suerte.