Desgraciadamente, parece norma obligada en la Administración española dejar para el último momento el cumplimiento de cualquier cambio normativo para el que exista plazo o moratoria. Una vez más, este inexorable principio, tan cierto y con tan poco fundamento como las famosas Leyes de Murphy, se ha cumplido en lo que a calidad del aire se refiere. Ahora, que la sanción por los incumplimientos está a la vuelta de la esquina, Madrid y Barcelona piden una moratoria. ¿Y qué han hecho durante estos años? Sencillamente: dormir, trampear con las estaciones medidoras, fiestas y folletos de cara a la galería... Acciones para pasar el rato, no para atajar los problemas.

Y su tiempo han tenido, ya que la normativa se remonta a 2007, cuando el entonces Ejecutivo de José María Aznar, traspone las directivas comunitarias sobre calidad del aire y fija la obligatoriedad de que todas las ciudades de más de 500.000 habitantes tengan un plan de calidad del aire, un sistema de medición y un programa de medidas correctoras para cuando se rebasen los límites establecidos en la norma.

Pero, claro, como es lógico, se fijaba unos amplios plazos de 3 años para según qué ámbitos de la norma y se preveía su entrada en vigor de manera escalonada. Y claro, como es lógico también, los municipios afectados utilizaron ese plazo para... nada. Algunos incluso, lo utilizaron el doble de bien y además de nada, aprendieron a hacer trampas con las estaciones medidoras, a cambiarlas de ubicación si registraban niveles peligrosos para la salud, a desconectarlas fingiendo averías, a echarle la culpa al viento, al mar, a la falta de lluvia, a la lluvia y la nieve, a las nubes, al Espíritu Santo, a quien sea, antes que reconocer que se estaban tocando la nariz.

¿Y saben por qué? Porque, habitualmente, los temas importantes quedan lejos de las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos. Si uno insiste en que el aire de las ciudades españolas mata, pasa como con el tabaco, como no es una descarga fulminante, sino un veneno que se destila y te afecta lentamente, dejamos para mañana la conciencia del problema y, por tanto, su solución.

Pero eso, que en la cabeza del ciudadano tiene una disculpa (bastante atribulado está con sus problemas personales inminentes como para tener presente conflictos del medio plazo) es intolerable en la Administración. No tiene justificación ninguna que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona (se ve que la desidia no tiene color político) no presten la debida atención a un problema que, a día de hoy, causa más muertes y más enfermos permanentes entre la población española que los tan traídos y llevados accidentes de tráfico.

¿Se imaginan a un Ayuntamiento no haciendo nada por regular el tráfico y favoreciendo así la "barra libre” para los atropellos de peatones y los topetazos entre vehículos? ¿Y por qué no nos escandalizamos de que condene a una parte importante de sus vecinos a morir por enfermedades respiratorias, o a tener que soportar una calidad de vida pésima que le destroza su salud y, si no le lleva al cementerio le conduce a padecer enfermedades crónicas graves?

La semana pasada, el Gobierno ha publicado dos nuevos Reales Decretos que vienen a clarificar y endurecer los controles sobre la calidad del aire de nuestras ciudades. Mucho nos tememos que de nada valdrá. La desidia seguirá instalada en nuestros regidores locales. Y luego, cuando Bruselas imponga su sanción y niegue las nuevas moratorias, nos quejaremos. Y nos acordaremos de Santa Bárbara porque estará tronando.