La incertidumbre del resultado electoral en la Comunidad Autónoma de Canarias el próximo mes de mayo y de la posterior gobernabilidad -ahora sí cabe decir que cualquier alianza es posible- no debe eclipsar la necesidad de acometer una modificación del modelo institucional. La situación de depresión, tan sólo aliviada por los coyunturales vientos favorables que soplan en el sector servicios; la reasignación del marco competencial; la merma de ingresos que afecta considerablemente a las administraciones territoriales y que obliga a revisar criterios de financiación y hasta el intento de abrir el melón imposible de la supresión de ayuntamientos -a ver a qué alcalde le encomiendan ese cascabel, por mucha racionalidad que se esgrima- son factores que inciden en la búsqueda de iniciativas favorecedoras de ese nuevo modelo.

Las circunstancias obligan. Ya nos hemos ocupado de la crítica situación de las haciendas locales cuyos responsables deben hacer todo un esfuerzo de imaginación y de iniciativa para encontrar nuevas fuentes de ingresos, agotadas, como prácticamente están, las que hasta el momento han venido nutriendo. Para algunos, garantizar las prestaciones de los servicios básicos empieza a ser un acto de heroicidad.

Es evidente que se trata de evitar duplicidades en la gestión de las competencias y de los recursos. Y que la vía adecuada para ello es hacer efectiva la cooperación interinstitucional, por ejemplo, mediante la mancomunidad de servicios, una opción ensayada con desigual fortuna y muy pocas convicciones. La experiencia, precisamente, debe ser tenida en cuenta para entender los recelos y los prejuicios de los localismos.

Aún así, comoquiera que estar cruzados de brazos o aguardando a la materialización del espíritu paternalista de otras instituciones no favorecen las soluciones reales, a la hora de afrontar un mínimo proceso de reordenación, además de contrastar la voluntad política, es primordial impulsar y disponer con cierta estabilidad los incentivos encaminados a la contratación y gestión conjunta de servicios por parte de grupos de municipios.

Sólo así será posible justificar la creación o el funcionamiento de estructuras supramunicipales capaces de asumir la concertación de servicios entre localidades de una comarca natural o relacionadas por algún hecho como la productividad turística, pongamos por caso.

Claro que se persigue la eficiencia, para garantizar la optimización de los medios o recursos de los que se disponga. Teóricamente, los administrados deben salir beneficiados si esa eficiencia comporta, además, un abaratamiento de los costes. De tal objetivo se trata.

Ojalá las visiones de campanario, las desmesuradas ambiciones políticas y los personalismos no frenen los gérmenes de una nueva o mejor gobernanza de la institucionalidad representativa del pueblo canario. Los cargos públicos salidos de la próxima cita con las urnas deben ser más conscientes que nunca de los cambios que habrán de afrontar no sólo para superar esquemas y modos afectados por vicios y obsolescencias sino para producir un salto cualitativo en el papel de las administraciones públicas, especialmente el referido a las prestaciones.