Recordamos a nuestros lectores el análisis realizado por el profesor José Valles Ferrer y su equipo de investigación de la Universidad de Sevilla en relación a la situación de las haciendas locales por su interés y actualidad, a pesar de haber sido publicado hace un año en estas páginas.
Resumen: La situación económico-financiera de las administraciones locales en España: preocupación y desconcierto en los ayuntamientos. La vertiente pública de la crisis. Este trabajo cuenta con la colaboración de la investigadora de la universidad de Sevilla María Cazallo Antúnez.
Las haciendas locales
españolas atraviesan por un momento económico complicado puesto que hay que dar
respuestas no sólo del hoy sino también del ayer. Respecto al pasado, ¿cuáles
son y dónde están los remanentes del periodo glorioso que debían habernos
protegido, o al menos en parte, de los efectos de esta crisis?, y respecto al
presente, soluciones.
Soluciones basadas en una reforma del modelo económico
utilizando la crisis como una oportunidad, con cambios coyunturales que
permitan aliviar la situación pero sobre todo con cambios estructurales
orientados a un cambio de modelo económico moderno, con importantes cambios
dentro de los procesos de la gestión pública tendentes a constituir una
administración pública al servicio de los ciudadanos.
El cambio de ciclo económico
también ha afectado a la economía pública en cualquiera de sus ámbitos, aunque
ha sido a nivel local donde más se ha notado debido a la relación directa de
esta administración con sectores como el sector de la construcción o el sector urbanístico,
lo que ha derivado en una caída desmedida de los ingresos públicos.
El resultado,
un modelo de crecimiento y desarrollo económico que la teoría lo emplazaba en
el corto plazo y con un papel secundario y que se ha prolongado en el tiempo teniendo
un papel protagonista. La cruda realidad es que la economía española ha pasado
de un largo periodo de bonanza a una situación de recesión económica manifestándose
públicamente en unos presupuestos para el año 2010 en los que el principio de
austeridad en las políticas de gasto ha sido más que un objetivo a cumplir una
necesidad imperiosa para poder salir de la crisis dentro de las finanzas
públicas.
A nivel local, las finanzas
públicas han visto disminuido sus ingresos derivados principalmente de las
partidas de tributos propios por la caída del sector urbanístico y de la
construcción y del producto de las operaciones de crédito como consecuencia de
la falta de crédito debida a la crisis del sistema financiero mientras que las
políticas de gasto se han incrementado en forma de ayudas, prestaciones o
subvenciones preocupado más de prolongar la situación de bonanza económica
sustituyendo en capital privado por capital público que de vincular los
recursos públicos a la reestructuración del modelo económico para así crear
empleo, renta y riqueza.
Las reformas necesarias están orientadas en base a una
mejora en la utilización de recursos reales y potenciales. Otro aspecto
importante del gasto de las haciendas locales es que estas administraciones
prestan de facto pero no de iure servicios públicos que son competencia de
otras administraciones públicas y que no suministran por lo que habría que
dotarlas bien de recursos o competencias en su caso.
Por otro lado y además de
estas posibles y necesarias reformas dentro de la situación económica de las haciendas
locales en España, ¿cuál es su situación financiera?. La respuesta va en
paralelo, situación de crisis económica y situación de crisis financiera. Para
analizar la situación financiera de las haciendas locales analizaremos deuda
bancaria y la deuda con proveedores.
En primer lugar para
estudiar la deuda bancaria de los ayuntamientos en España utilizaremos el
informe presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda de donde se
desprenden las siguientes conclusiones: a
nivel nacional, la deuda viva de las entidades locales en España a 31 de
diciembre de 2008 asciende a 32.030 millones de euros, de los que 26.128
millones son deuda viva de los ayuntamientos y el resto pertenece a las
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.
Si
analizamos la deuda bancaria de los ayuntamientos de grandes ciudades
españolas como Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao (véase tabla 1) encontramos en la muestra
dos casos totalmente contradictorios: el caso del ayuntamiento de Madrid con
una deuda bancaria excesiva y preocupante que le sitúa en la cabeza del ranking
y el caso de Bilbao con una deuda bancaria casi ridícula. Los casos de Madrid y
Zaragoza son claros ejemplos de ciudades en las que los ayuntamientos se han
endeudado a unos niveles descomunales (ver la relación deuda por habitante)
ante la posibilidad o el hecho de un acontecimiento importante en su ciudad. Es
necesario establecer medidas limitadoras sobre este gasto público a largo plazo,
a voluntad de los ayuntamientos, con el objetivo de no perturbar la capacidad
de endeudamiento a futuro por la mala gestión o los excesos del pasado.
Un
consejo para el presente, debemos analizar muy bien el volumen del gasto y
endeudamiento y los resultados derivados de dicho gasto.
TABLA
1
La
comunidad autónoma peninsular más endeudada por habitante es la Comunidad de Madrid que
superando los mil doscientos euros por habitante sin ser la comunidad con mayor
volumen de población y/o territorio como justificante de la elevada deuda
bancaria. Los otros dos casos que también conviene destacar son Ceuta y Aragón con
un nivel de endeudamiento por habitante por encima de la media.
Paralelamente, y como es lógico debido las
capitales de estas comunidades autónomas son también las más endeudadas como se
observa en las gráficas 1 y 2.
A nivel
provincial - tabla 2 - la deuda de la provincia madrileña es excesiva
ascendiendo a algo más de 7.822 millones
de euros, el triple de la deuda de la provincia de Barcelona siendo su
población algo inferior. Otro caso relevante es el de Ceuta, la segunda en el
ranking por detrás de Madrid en deuda/habitante superando los mil cien euros
por habitante mientras que la deuda de la ciudad de Melilla con una población
similar es el 54% de la deuda la cuidad de Ceuta. No obstante, ambas ciudades están por encima
de 428,65 euros, valor promedio de deuda por habitante a nivel provincial.
Una vez analizada la deuda bancaria podemos
ver la posición de fortaleza o debilidad de las entidades locales para paliar
la crisis ampliando la deuda bancaria por eso es importante controlar estos
parámetros en periodos de bonanza económica para que en tiempos de crisis sirva
como herramienta a utilizar en vez de obstáculo que vencer.
GRÁFICA 1
GRÁFICA 2
TABLA 2
Sin embargo la deuda
bancaria no es la principal preocupación dentro de las Haciendas Locales
españolas debido al elevado control que existe tanto desde la perspectiva
bancaria como pública para el cumplimiento de las leyes de estabilidad presupuestaria.
Al otro lado de la balanza nos encontramos con las deudas de los ayuntamientos
con los proveedores y que a pesar de tratarse de de deuda sobre el corriente se
encuentra apalancada dentro de los procesos administrativos públicos debido a
la falta de recursos financieros para que sean atendidos en tiempo y forma.
Es
sin duda este tipo de deuda la que más daño hace a la economía real puesto que
afecta directamente a los empresarios que no cobran el servicio prestado y que
no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago al mismo tiempo que debido a
la crisis financiera y la ausencia de crédito ven muy complicado hacer efectivo
o tesorería de la deuda.
Ante este
panorama no hay otra solución a corto que el afianzamiento del pago de la deuda
y control a nivel presupuestario por parte de las administraciones públicas de
ámbito superior a través de la firma de protocolos de colaboración con el
sistema para garantizar el pago de estas deudas municipales y ofrecer al
proveedor la posibilidad de hacer efectivo sus pagos transformando los
ayuntamientos la deuda comercial en deuda financiera que dependiendo del
volumen podrá ir empaquetada (agrupación de proveedores) o no.
Si analizamos económicamente la situación nos
encontramos ante una situación complicada en la que la falta de liquidez asfixia no sólo a los proveedores sino también a los propios ayuntamientos
debido a la falta de credibilidad en el pago puede ser que llevado al extremo
no haya quien quiera ser su proveedor.
Por todo lo anterior es un
momento de cambios, cambios estructurales sobre los que se consolide un modelo
económico mixto donde el sector público y privado elaboren una estructura
sólida y viable basada en la coordinación y apoyo mutuo en beneficio de la
sociedad global. No es una utopía sino lo que entendemos participación público privada en inversión de infraestructuras,
financiación de proyectos o suministro de servicios públicos regulada mediante contratos programas que permitan una
mayor participación del sector privado en ámbitos tradicionalmente públicos que
quedan regulados de forma explicita a través de estos contratos o la
introducción de reformas dentro de los sistemas concesionales para garantizar
la suficiencia económica y financiera de los concesionarios en aras de ofrecer
un servicio mayor en cantidad y calidad.
Otra vertiente a desarrollar junto a la PPP es la privatización de
servicios públicos. El desarrollo de estas alternativas conlleva la liberación
de carga económica por parte del sector público al mismo tiempo que permite al
sector privado explotar otros nichos de mercado.
En resumen, el momento es
muy complicado que necesita de grandes compromisos y cambios desde diferentes
ámbitos buscando de un lado la resolución a los problemas al mismo tiempo que
hay que introducir variantes en el modelo económico tendentes a un nuevo
modelo, más austero, más eficaz, más eficiente y más productivo. Un modelo
económico sobre el que se desarrolle la
Ley de Economía Sostenible bajo la perspectiva económica,
social y medioambiental que luche directamente contra la destrucción del empleo
como instrumento para la creación de renta y riqueza para los ciudadanos. Las
soluciones tanto a corto como a largo plazo pasan por reformas de dos tipos:
1. Medidas de carácter coyuntural (c/p):
Incremento
de la capacidad recaudatoria de los tributos propios.
Incremento
de la capacidad recaudatoria por el producto de las multas y sanciones dentro
del ámbito de competencia local.
Incremento
de los ingresos procedentes del patrimonio y demás de derecho privado.
Utilización
de los recursos privados para ayudar a las empresas que mantengan empleo y
pasen por situación de dificultad económica pero que sean solventes.
Apoyo
económico y de formación orientado a la recolocación de los desempleados hacia
otros sectores.
2. Medidas de carácter estructural (l/p):
Apoyar
la reestructuración del modelo productivo local diversificado promoviendo
sectores con mayor valor añadido bruto.
Afianzamiento
de las relaciones con el sistema financiero con objeto de poder financiar la
reestructuración económica.
Mayor
eficiencia en la utilización (destino) y gestión de las ayudas, prestaciones y
subvenciones recibidas y aprobadas.
Fomento
de un modelo de gestión pública local austera y dinámica al servicio de los
ciudadanos.
Fomento
de estructuras de ámbito comarcal o mancomunado para el suministro de servicios
públicos más eficientes.
Promoción
de la participación público-privada como base para el modelo económico mixto.
