En estos estertores del verano santanderino, la maravillosa paz del veraneante norteño siempre se ve alterada por alguna barbaridad, en este caso judicial. No es, desde luego agradable, pero no sorprende en absoluto. Simplemente, es lo esperado.

Y me refiero a la noticia que publicó hace algunos días el diario vasco de mayor tirada de Cantabria. Su titular fue así de esplendoroso: "Un juez de Santander es denunciado por una colega de Málaga por acoso sexual” (13.08.2011).

Naturalmente, no merece la pena entrar en escabrosos detalles de la noticia, pero si es necesario destacar que en ella se precisó cuidadosamente que "una vez ante la autoridad judicial, y escuchada su versión, se decretó su ingreso en un psiquiátrico después de ser sometido a una pericial por parte de personal especializado del Instituto de Medicina Legal de Málaga”. Es decir que, según parece y según la noticia periodística de la prensa montañesa o cántabra –elíjase lo que se prefiera– apunta, su señoría no está en sus cabales, ya que en otro caso debería estar detenido.

Con todo, esta situación, por dramática que parezca, no es nueva, ya que según el mismo Consejo General del Poder Judicial, esa cosa que siempre nos altera y llena de confusión, manifestó hace casi tres años, según puso de relieve la prensa nacional, sin réplica ni desmentido alguno, lamentablemente había jueces con sus facultades mentales muy disminuidas. El titular periodístico de entonces, también fue claro y terminante: "el CGPJ estudia retirar a los magistrados que tienen mermadas sus facultades mentales” (13-11-08).

Efectivamente, "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir una amplia reflexión y un estudio sobre posibles incapacidades o jubilaciones forzosas de jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada su capacidad, lo que les limitaría para desempeñar sus funciones” (13-11-08).

Pero de entonces a aquí –y han pasado casi tres años– nada se ha sabido del tema, lo que, evidentemente, cuando menos, mueve a inquietud y, más claramente, a un absoluto e irreprimible pánico. Porque, por ejemplo, a los políticos –otros poderosos, aunque no absolutamente impunes– periódicamente se les puede cambiar ya que hay elecciones, gracias a nuestra democracia, pero a los jueces no. Y no se les puede cambiar aunque tengan mermadas sus facultades mentales que, como repito, reconoció el propio Consejo General del Poder Judicial, su máximo órgano de gobierno, o de desgobierno, de todo hay.

Yo lo denuncié entonces, es todo lo que podía entonces y puedo ahora hacer.

Supongo que abogados, procuradores y personal judicial de este Santander veraniego y queridísimo –destino de su acosadora señoría– algo habrán notado en sus actuaciones pero no parece que hayan dado estado oficial a tales percepciones.

¿Querrá decir su presunto silencio que el temor judicial está muy arraigado?. ¿O será que por la contumaz reiteración en el abuso nada han percibido?

No lo sé, pero, desde luego, si hubiera tenido algo que ver, como profesional o como parte, con alguna sentencia de esta señoría, actualmente, al parecer, en un psiquiátrico, pediría inmediatamente su revisión que, entiendo, estaría plenamente justificada.