Entre Junio y Diciembre de 2011 se han destruido 20.997 empleos en Castilla La Mancha. En el mismo periodo, en Guadalajara se han destruido 2.179 puestos de trabajo. Doce personas, doce familias, han perdido su trabajo cada día de estos 182 días. El crecimiento del paro en este periodo duplica el que se produjo en el mismo periodo del año anterior. La situación es dramática para miles de familias y empresas.

La crisis económica española no la ha provocado el Gobierno regional, la han generado los especuladores financieros, empezando en EEUU con las hipotecas basura y la quiebra del cuarto banco inversor de aquél país –Lehman Brothers– en septiembre de 2008. El paro, generado por la crisis, tampoco lo ha provocado el Gobierno regional. Pero las políticas de recortes sociales y freno a la inversión pública que ha puesto en marcha el Gobierno de Cospedal sí que destruyen empleo de forma directa.

La mayor destrucción de empleo en Guadalajara se ha producido en el sector servicios, donde el paro ha crecido en 1.186 personas entre junio y diciembre. Tiene que ver con la reducción de personas trabajando en la educación pública y en los servicios sociales, así como en servicios relacionados con la sanidad. El segundo sector que más empleo ha destruido es el de la construcción: 465 parados más. Tiene que ver con la paralización de las obras del Hospital, de centros educativos y sanitarios. Y la previsión no es mejor: Castilla-La Mancha es la región española que más ha disminuido la licitación pública en el segundo semestre de 2010.

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el Estado de Bienestar está en peligro por el paro. No es así. El Estado de Bienestar está en peligro por los especuladores financieros, los mismos que han causado la crisis económica y el paro.

No tenemos que dejarnos confundir con el lenguaje, hay que llamar a las cosas por su nombre. Como diría Castellio: desmontar los servicios sociales y la sanidad pública no es "luchar contra la crisis y el paro”, es desmontar los servicios sociales y la sanidad pública. Y es evidente que los recortes destruyen puestos de trabajo y aumentan el paro.

La alternativa a esta política es mantener los servicios públicos y la inversión pública; mejorar los ingresos públicos con una lucha decidida contra el fraude fiscal (7% del PIB, equivalente al déficit); aumentar los ingresos públicos con una reforma fiscal justa que grave más a las grandes fortunas y al capital especulativo; reforzar las instituciones europeas para acometer medidas de control de los mercados y evitar los ataques a la deuda de nuestros países, y seguir trabajando para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la economía y de los servicios públicos a todos los niveles.

Fernando Lamata, diputado regional del PSOE por Guadalajara