Cada vez que nuestros gobernantes, particularmente la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, desempolven la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con la que nos obsequiaron los dos gobiernos de Zapatero, los agricultores y ganaderos tendremos motivos para pensar que nos están metiendo la mano en el bolsillo. 

No es razonable que cuando se lanzan mensajes de recorte tras recorte, cuando la Junta alarga los plazos para retrasar meses las ayudas comprometidas en 2011, cuando se van a reducir y suprimir muchas líneas de ayudas en 2012 que estaban previstas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, y cuando en el nuevo Ministerio lo primero que hicieron fue aplicar una nueva poda de 400 millones de euros; se anuncie la puesta en marcha de proyectos al amparo de la Ley antes mencionada por importe de 325 millones de euros para los próximos años. Porque destinar dinero para este tipo de proyectos está muy bien cuando hay para todo, como está muy bien lo que se gasta en los programas de desarrollo rural de los Leader y Proder, pero cuando no hay para todo, toca priorizar y no despilfarrar con proyectos municipales que no tienen actividad productiva alguna y que en la mayoría de los casos sirven tan solo para pagar favores políticos a los amigos y colocar a los más próximos.

Es evidente que la riada de millones que al parecer se trajo el martes día 24 la consejera de su reunión en Madrid con Arias Cañete no existen. Tajantemente esos millones son falsos, es decir, no figuran en la caja del ministerio. Pero dicho esto, es probable que los saquen de algún sitio porque este tipo de gasto sí interesa a los políticos, sí le sirve para cortar cintas aunque sea inaugurando farolas que después no alumbrarán porque no habrá para pagar la factura eléctrica. 

Sacarán dinero para ofrecer a las comunidades autónomas, que a su vez lo ofrecerán a los ayuntamientos, y que previamente nos lo habrán quitado a los agricultores y ganaderos. Por eso, si estos proyectos salen adelante, será una mala noticia para el campo, pues ese dinero habrá dejado de ir a los profesionales para compensar sus pérdidas de renta, o lo que es más importante, habrá dejado de ir a los profesionales para modernizar sus explotaciones, para apoyar a los jóvenes que se incorporan o habrá dejado de ir a la obra pública de modernización de los regadíos. 

Esto que se inventó el PSOE y que ahora parece que va a ser un juguetito en manos del PP, es un nuevo Plan E en toda regla, es un marco legal para sacar el dinero del ministerio de Agricultura y de la consejería de Agricultura, el poco que todavía les queda, y financiar a las entidades locales alimentando proyectos faraónicos una veces, innecesarios otras, e improductivos casi siempre.