Anticorrupcin solicita al juez que investigue a Chaves y Zarras por delitos de malversacin

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investigue a Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, y al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías por los delitos de prevaricación y malversación en la concesión de ayudas a una compañía cárnica de Jaén.

En un escrito fechado el dieciocho de noviembre y actualizado el día veintinueve, adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción número seis que incoe diligencias anteriores para investigar las subvenciones concedidas en mil novecientos noventa y nueve a la compañía Hijos de Andrés Molina (Hamsa), entonces Campocarne y Primayor.

Anticorrupción asimismo solicita que se investigue a otras 13 personas, entre ellas ex- altos cargos de la Junta como los exconsejeros José Antonio Viese, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, asimismo condenados en la causa del procedimiento concreto de los ERE, y Guillermo Gutiérrez.

Chaves ya fue condenado a nueve años de inhabilitación singular por prevaricación en la pieza política de los ERE, cuya sentencia fue notificada el pasado diecinueve de noviembre.

El resto de los ex- altos cargos para los que la Fiscalía solicita investigación son el ex- directivo general Francisco Javier Guerrero, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez, el ex- presidente de IFA Salvador Durbán y el exdirector de esta agencia pública cuando pasó a llamarse IDEA Miguel Ángel Serrano.

Anticorrupción efectúa esta solicitud tras examinar documentación relacionada con el caso Hamsa, una pieza separada de la causa matriz de los ERE, y revisar que la Junta concedió ayudas sociolaborales a Hamsa y después a Primayor «proclives a costear los planes de prejubilación» de sus trabajadores.

«De forma paralela en el tiempo», sigue el escrito, el Gobierno andaluz decidió dar otras ayudas «como anticipo bajo la figura de un préstamo puente» por un monto máximo de novecientos setenta millones de pesetas (cinco con ocho millones de euros), con un plazo de amortización de 6 años y 3 de falta.

De esta manera consta en el acta del consejo rector del Instituto de Promuevo de Andalucía (IFA) del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuando el presidente era Durbán y el vicepresidente, el después consejero Fernández.

Anticorrupción pide al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería «determinar y contrastar los rastros racionales de delincuencia» que advierten en la concesión de ese crédito puente, en tanto que «podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió verdaderamente contar con arbitrariamente de los fondos públicos sin unión a procedimiento alguno ni control para favorecer de forma directa a Campocarne y también, indirecta y más tarde, a Primayor».

La Fiscalía piensa que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.

«El préstamo jamás tuvo voluntad de ser cobrado y por lo menos hasta febrero de dos mil cinco no había sido amortizado», denuncian los fiscales, para quienes la posible malversación se consumó «cuando el importe del préstamo deja de ser considerado un activo para el IFA y pasa a ser una pérdida», lo que consideran relevante para determinar la prescripción del delito.

Conforme la Fiscalía, al tratarse del tipo agravado de malversación, el plazo de prescripción es de 15 años y el préstamo todavía «no había supuesto un gasto» para la agencia pública el 1 de febrero de dos mil cinco, con lo que el delito prescribiría desde febrero de dos mil veinte.

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