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sábado 31 julio 2021
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Casado recurrirá la ley de seguridad nacional por dar poder absoluto al Gobierno

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que recurrirá frente al Tribunal Constitucional la ley de seguridad nacional si, como a juicio del Partido Popular ocurre con el anteproyecto, da «poderes absolutos» al Gobierno o bien deja una «mili civil» cuando el Ejecutivo desee.

Casado ha anunciado este recurso en las Jornadas de Verano dos mil veintiuno “Superar la decadencia, reconstruir Cataluña” organizadas por Sociedad Civil Catalana, en las que ha participado de forma telemática.

Para el líder de la oposición, el anteproyecto de la ley de seguridad nacional es «una genuina insensatez» y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «aprovechar la pandemia par avanzar con su agenda de rotura legal y social».

Conforme el Partido Popular, la ley plantea «una suerte de mili civil obligatoria de Sánchez» para movilizar a la población cuando le dé «la gana» y expropiar «recursos y servicios si el Gobierno lo estima oportuno». A juicio del Partido Popular, esta regla va contra las potestades que tiene un Gobierno para limitar las libertades y la propiedad privada.

Asimismo ha denunciado el líder de la oposición que el Gobierno «no ha estado a la altura» de la crisis sanitaria. Que España sea así como Portugal el único país en colorado y naranja en Europa es, demanda Casado, fruto de «una mala planificación sanitaria» y un «empleo propagandístico de la salud», que daña a la economía y el turismo.

Y ha acusado al Gobierno de levantar la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre a pesar de ser, ha afirmado, una medida «no recomendada» por el hecho de que «esa semana aprobaban los indultos y les venía realmente bien».

El líder del Partido Popular solicita de nuevo una ley de pandemias pues las autonomías no saben si pueden confinar a los enfermos o bien limitar la movilidad de sus contactos como prueba lo ocurrido en el macrobrote de Baleares.

Asimismo ha reeditado Casado sus críticas al Gobierno de Sánchez, mas asimismo a la patronal o bien a la Iglesia, por los indultos a los condenados por el procés. Arguye que la Iglesia debe resguardar a los «desfavorecidos» que en un caso así es la mayor parte de españoles y la «mayoría constitucionalista» de Cataluña, incluyendo la que decidió no votar.

Y ha denunciado la «gravedad» de que el Gobierno pudiera no recurrir el fondo del Govern para acreditar a los imputados por el Tribunal de Cuentas y que, por continuar en el poder, Sánchez pretenda que los impositores paguen la corrupción del independentismo.

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