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jueves 24 noviembre 2022
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Castillo asiste a la OEA para denunciar una nueva "modalidad de cuajo de Estado"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este miércoles que ha recurrido a la Organización de Estados Americanos (OEA) para «proteger la democracia y eludir una ruptura constitucional» en el país, mientras que la Fiscalía prosiguió firme en proteger que la investigación en contra suya respeta los derechos esenciales.

En un mensaje a la nación, que empezó pocos minutos tras la 21:00 hora local (02:00 GMT), el líder repitió la existencia de un «complot» por la parte de determinados campos de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para «quebrantar el orden constitucional y democrático» de Perú y sacarlo del poder a través de una «modalidad nuevamente golpe de Estado». Castillo fue acentuado al asegurar que , su familia y su Gobierno son víctimas de una «prosecución política iniciada aun ya antes» de aceptar su orden, en el mes de julio de dos mil veintiuno, primero con acusaciones que lo tildaban de «marxista», tras «terrorista» y ahora con una «estrategia» centrada en la «demolición de la imagen presidencial». «Desean que me vaya a fin de que rijan sin haber sido escogidos», aseguró tras repetir su inocencia y denunciar que en Perú «se viene haciendo uso incorrecto de forma recurrente de instrumentos jurídicos».

Asiste a la OEA

El jefe de Estado arguyó que, ante «estos actos lesivos que minan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabildiad y el desarrollo económico del país», decidió asistir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y apeló a los artículos diecisiete y dieciocho de la Carta Democrática Interamericana. Añadió que asiste a ella «como mecanismo precautorio para la defensa de la democracia y para eludir la ruptura constitucional».

La solicitud de Castillo frente a la OEA se formalizó el pasado doce de octubre por medio de una misiva, una vez que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentase en el Congreso una demanda constitucional en contra suya, que el líder calificó de «inconstitucional e ilegal y sin fundamentos». Esta demanda apunta al jefe de Estado como supuesto líder de una mafia corrupta que tiene el presunto propósito de muñir contrataciones para conseguir ganancias ilegales de obras públicas. Concretamente, lo imputa de ser el supuesto autor de los delitos de organización delincuente agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

El Ejecutivo y la defensa de Castillo mantienen que el artículo ciento diecisiete de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado a lo largo del ejercicio de sus funciones por 4 casos específicos, entre aquéllos que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, mas no por delitos de corrupción o comunes.

La Fiscalía se defiende

En el otro extremo, la Fiscalía defendió hoy «el respeto estricto de los derechos esenciales» en la investigación preliminar que le llevó a presentar esta demanda constitucional. En una asamblea informativa con la prensa extranjera acreditada en Perú, el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, aseguró que esta demanda contiene más de «ciento noventa elementos» probativos que sostienen su acusación de que Castillo es el supuesto líder de una organización delincuente.

Huamán, quien es organizador del Área Experta en Demandas Constitucionales, recalcó que «la ley no capacita» a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, si bien repitió que la demanda formulada por Benavides «es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han efectuado autorizados por un juez supremo». Destacó que ahora «es capacitad exclusiva y excluyente del Congreso» desarrollar el proceso para llegar a un pronunciamiento final sobre el tema, si bien repitió que «la regla procesal apunta la reserva de las investigaciones».

La demanda ahora ha de ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que asimismo ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede continuarse con la acusación contra el gobernante.

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