Tribunal de Justicia de la UE: España denunciada por incumplir directiva europea sobre espacio ferroviario único
La Comisión Europea ha presentado una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer correctamente la directiva europea que establece el espacio ferroviario europeo único. Según Bruselas, el marco regulador ferroviario español viola varias disposiciones de la directiva en lo que respecta a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras, la fijación de cánones por la utilización de infraestructuras y la gestión de las empresas ferroviarias.
España incumple la directiva: respuesta insuficiente al procedimiento de infracción
El procedimiento de infracción fue iniciado por la Comisión Europea en mayo de 2018. El Gobierno español contestó ocho meses después alegando que algunos de los problemas identificados por Bruselas habían sido solucionados con una nueva ley, mientras que otros requerían más trabajo. Sin embargo, esta respuesta no fue considerada suficiente por parte de la Comisión Europea, que envió un dictamen motivado solicitando nuevas medidas. La decisión actual del TJUE confirma que la adecuada implementación de la directiva aún no se ha completado.
Inoperancia del nuevo sistema y falta de plazos
La legislación española ha modificado su marco normativo relacionado con los cánones por la utilización de infraestructuras, pero según los técnicos de la Comisión Europea, el nuevo sistema aún no está operativo. Además, se critica que la ley no establece plazos para garantizar la aplicación del nuevo sistema por parte del administrador de infraestructuras. La falta de acción inmediata podría conducir a que los cánones de acceso por vía férrea se consideren impuestos de facto, incluidos en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025, lo que limitaría la capacidad de las empresas ferroviarias para impugnar estos cánones.
Falta de independencia en los consejos de administración y deficiencias en los acuerdos contractuales
Bruselas también critica que la ley española no garantiza claramente la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de las empresas ferroviarias correspondientes. El análisis comunitario señala que el Estado tiene una influencia decisiva en las decisiones del consejo de administración, incluyendo aquellas que afectan a los precios de los billetes. Además, se identifican deficiencias en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras, ya que no se establecen indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y la reducción de costes de acceso.
Con esta denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea busca asegurar el cumplimiento de la directiva europea y la correcta aplicación de las normas en el espacio ferroviario único. Esperamos que este proceso impulse a España a tomar medidas adecuadas y a garantizar una gestión transparente e independiente en el ámbito ferroviario.
