El Gobierno da por cerrado el acuerdo judicial con el Partido Popular

El Gobierno da por cerrado el acuerdo judicial con el Partido Popular

El pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes próximo cumplirá un par de años en funciones, se halla maduro. Su contenido está precisado, tras meses de desencuentros entre los 2 primordiales partidos, amagos de reforma del sistema de elección y acusaciones cruzadas de falta de constitucionalismo. Mas falta convenir el instante en el que se anuncia y ejecuta el comprensión, en una coyuntura política desfavorable para el Partido Popular. Pablo Casado teme el efecto que un pacto de esta clase, tras el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, pueda tener en su electorado. Sobre todo, con las elecciones catalanas del próximo catorce de febrero en el horizonte, una convocatoria en la que el Partido Popular se teme que una parte esencial de sus ya por sí escasos votantes tradicionales acabe recalando en Vox.

La parte socialista del Gobierno ha empezado a presionar públicamente. El Partido Socialista Obrero Español se teme que en el último instante los populares tengan «temor al acuerdo» y las conversaciones de estas semanas queden en nada, como ocurrió el pasado verano. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó este lunes que la única pieza que le faltaba al pacto era «hacerlo público». Campo, que asimismo anunció que la reforma del Código Penal que rebajará la sublevación endurecerá al tiempo el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), insistió: «Solo falta que se exteriorice».

«Es poco lo que nos aparta y mucho lo que nos une», siguió el ministro, en referencia a la renovación del CGPJ, donde el Partido Popular, por lo menos públicamente, prosigue vedando, por principio, a los aspirantes propuestos por Podemos. Mas la sintonía con los conservadores, explicó Campo, incluye medidas como dotar de mayor peso a la carrera judicial en la designación de los vocales del organismo y demandar que los jueces del Tribunal Supremo sean designados con un mínimo de trece votos del consejo, que en conjunto cuenta con veinte miembros.

Doble alegato

En el Partido Popular no son tan claros. Públicamente, el partido asegura que «no es cierto» que haya un acuerdo para renovar el CGPJ. En privado, no obstante, los cooperadores de Casado conocedores de la negociación con el Gobierno aceptan que «hay que buscar el mejor instante para el pacto», dando a comprender que este, en el fondo, ya está hecho.

El apoyo de Bildu y ERC a los Presupuestos del año próximo, que se representará a lo largo de toda esta semana en el Congreso, complica que los populares den el paso, una vez que Casado y los suyos hayan cargado con dureza contra «los que desean vender España» y los «herederos de ETA». Esa situación incómoda en estos instantes podría llevar al Partido Popular a postergar el pacto unas semanas, si bien entonces el calendario les señalaría otra jornada en rojo: el catorce de febrero, día de las elecciones catalanas. Ciertos sondeos auguran un enorme desarrollo para Vox, que ha comenzado a lamentarse de que «el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se han repartido los jueces». Conque el «mejor instante para el pacto» no tiene simple encaje en la estrategia de Casado.

En cualquier caso, los conservadores solicitan al Partido Socialista y a Podemos que, como ademán de buena voluntad, retiren la polémica proposición de ley que registraron en el mes de octubre para facilitar la renovación del CGPJ, al rebajar las mayorías precisas y dejar que los nombramientos puedan hacerse sin el concurso de los populares. La iniciativa podría debatirse en el Congreso la semana del catorce de diciembre. Hasta ese instante, los socialistas no tienen la opción de llevarla al pleno, puesto que los conjuntos parlamentarios se reparten los turnos para introducir ese género de ideas en la Cámara baja.

Por el momento, el Partido Socialista Obrero Español todavía no la ha decidido si la va a llevar o bien no. Se trata de una herramienta más de presión en interés del acuerdo. «Estamos aguardando al Partido Popular del constitucionalismo, la sensatez y el interés general. Mas por el momento no llega. Debe venir de lejísimos», ironizó el secretario general del conjunto parlamentario socialista, Rafael Simancas.

Advertencia de Pelado

Sus palabras, igual que las de Campo dando por sentado la renovación, no agradaron al Partido Popular, conforme afirmó la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra. Si bien aún menos debió gustarles las declaraciones que la vicepresidenta primera, Carmen Pelado, hizo de noche en un acto de homenaje a Manuel Azaña en el Liceo de la capital de España. «Se saltan literalmente la Constitución», aseveró en referencia a que la renovación es una obligación recogida en la Carta Magna.

La número 2 del Gobierno advirtió a Casado de que «en cualquier instante» el Ejecutivo «dejará de permitir» la «ofensa al orden constitucional» en la que «está incurriendo». Pelado dio a comprender que si no reactivarán la reforma de la ley del CGPJ que puede entrar a discute en un par de semanas y que Sánchez se comprometió a frenar para dar margen de negociación a Casado. «El Gobierno no se quedará permitiendo que un partido infrinja la Constitución. Cumplir las reglas es lo más democrático que hay en el planeta», informó la vicepresidenta hace algunos días en una entrevista con El Periódico de Catalunya.

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