El Gobierno palestino solicita al ministro español de Industria, Comercio y Turismo que tome acciones contra empresas españolas en Jerusalén ocupada
El Gobierno palestino ha remitido una misiva al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, en la cual insta firmemente a que se tomen «medidas inmediatas» para exigir la suspensión y retirada de los proyectos ilegales en los que están involucradas las empresas CAF y GMV en la Jerusalén ocupada por Israel. Las compañías españolas están trabajando en la construcción de dos líneas de tranvía que conectan con asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino.
En el escrito, al que hemos tenido acceso, se argumenta que las empresas colaboran en un proyecto de infraestructuras que no solo fortalece y sostiene la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en terrenos confiscados a los palestinos, sino que también contribuye al desplazamiento forzoso y la fragmentación de las comunidades palestinas. Además, se alega que estas compañías están implicadas en la anexión ilegal de Jerusalén Este ocupado.
La respuesta del Ministerio de Industria
El Ministerio de Industria ha confirmado la recepción de la carta y asegura estar tramitando una respuesta. Han recordado que el Punto Nacional de Contacto, un organismo encargado de velar por el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa, ofreció su mediación en el caso, aunque la empresa CAF no aceptó dicha mediación. Tras escuchar al Consejo Asesor, el PNC cerró el caso sin que se llegara a un acuerdo, pero emitió una serie de recomendaciones a las empresas para mejorar los aspectos relacionados con los derechos humanos y la transparencia en su cadena de valor. Sin embargo, el Ministerio señala que la ejecución de los proyectos en terceros países es responsabilidad exclusiva de las empresas y que el gobierno no puede interferir en sus decisiones.
Las empresas españolas y su participación en los proyectos
El gigante ferroviario vasco CAF, en colaboración con su socia israelí Shapir, está involucrado en la construcción de dos líneas de tranvía que conectan las zonas israelíes de Jerusalén con los asentamientos en los territorios palestinos. Por su parte, GMV se encarga de proveer a los tranvías de sistemas de localización automática. Este proyecto, que lleva en marcha cuatro años, supone una inversión total de aproximadamente 1.000 millones de euros.
La participación de estas empresas españolas en los proyectos ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, quienes consideran que refuerzan y legitiman la ocupación israelí del territorio palestino. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal la ampliación del tranvía, argumentando que violaba varias de sus resoluciones. Otras empresas ferroviarias internacionales se negaron a participar en el concurso público debido a esto.
Más empresas españolas involucradas
Además de CAF y GMV, hay otras dos empresas españolas trabajando en proyectos controvertidos en la Ciudad Santa. La catalana COMSA, en colaboración con su socio israelí J-Train, ha ganado un concurso de 2.200 millones para construir otra línea de tranvía que también conecta con los asentamientos. La cuarta empresa es TYPSA, que proporciona servicios a CAF.
El impacto del tranvía en el Jerusalén ocupado
El proyecto de expansión del tren ligero en Jerusalén conecta áreas legítimamente controladas por Israel con asentamientos considerados ilegales por España, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Estados Unidos, entre otros. Las líneas verde y azul, por ejemplo, llegan hasta la localidad de Gilo, donde residen más de 30.000 colonos judíos. La línea roja se extiende hasta el asentamiento ilegal de Pisgat Ze’ev y ahora se está expandiendo hacia el norte para conectar con la colonia de Neve Ya’akov.
CAF es una multinacional ferroviaria con sede en Guipúzcoa que cotiza en bolsa y tuvo una facturación de más de 3.000 millones de euros en 2022. Junto a Shapir, tienen una concesión para diseñar y entregar trenes eléctricos y renovar los tranvías en servicio. En cuanto a GMV, se encarga de proveer los sistemas de energía, señalización y comunicación del servicio.
Es importante destacar que Shapir está en la lista negra de Naciones Unidas por operar en asentamientos en Cisjordania ocupada. Diversas organizaciones de derechos humanos y sindicatos han solicitado que CAF también sea incluida en la lista por su implicación en la ampliación del tren ligero de Jerusalén.
El Gobierno palestino ha expresado su preocupación respecto a la participación de empresas españolas en estos proyectos y espera que se tomen medidas para poner fin a su colaboración con la ocupación israelí.
