El Partido Socialista Obrero Español tomó una cantidad redonda, mil días de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, para regresar a la carga. Para continuar llamando al Partido Popular, tal vez con términos más gruesos mas con exactamente el mismo fondo, a sentarse a negociar la renovación de los órganos constitucionales. Mas alén de esa apelación, poco. No hay previsión de fomentar ninguna reforma legal ni tampoco, de momento, contempla el presidente del Gobierno llamar por teléfono a Pablo Casado para buscar una aproximación.
Los socialistas estrenaron este lunes un semblante nuevo, el de Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC y portavoz del comité organizador del 40º Congreso del Partido Socialista. La líder no charló de los preparativos del cónclave —que se festejará entre el quince y el diecisiete de octubre, en Valencia— y se centró en lanzar la campaña #1000DiasSecuestroConstitución. Resaltó que es «inaceptable» que el Partido Popular prosiga bloqueando el relevo institucional (el CGPJ, que amontona esos mil días, es decir, prácticamente 3 años, mas asimismo el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o bien el Tribunal de Cuentas), que se trata de un «boicot» inusual en democracia, una «deslealtad histórica». Un «secuestro» de la Carta Magna.
La renovación de los órganos constitucionales, recalcó, «no guarda relación con la oposición al Gobierno, es una obligación constitucional». «España merece una oposición que alcance acuerdos, no que piense en clave electoral», señaló Granados, quien se preguntó si los barones populares comparten el «empeño» de Pablo Casado de transformar al Partido Popular en un partido «sin ningún sentido de Estado». En otras ocasiones, era Génova quien se dirigía a los barones socialistas críticos para agredir a Pedro Sánchez.
El plan de los socialistas pasa por que los conservadores reflexionen y den marcha atrás. No se procurará elevar el rango de la interlocución implicando al presidente. «Son negociaciones entre conjuntos parlamentarios. Mas jamás se ha perdido el contacto con el Partido Popular. Es una labor que no debe ver con la oposición o bien con el Gobierno. Se trata de obligaciones constitucionales, y la mayor parte cualificada demandada [para la renovación] precisa de un pacto entre los partidos mayoritarios. El Partido Popular debe aclarar si desea llegar a pactos o bien no», apuntó Granados, quien recordó que el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, se puso en contacto con los conjuntos en el mes de julio para procurar allanar el terreno, sin éxito.
Al charlar de «partidos mayoritarios», quedaba la duda de si el Partido Socialista se proponía reanudar las conversaciones sin los morados. Fuentes del Ejecutivo señalaron que no va a ser de esta forma. El esquema continúa y «Unidas Podemos va a estar«. Tampoco el Partido Socialista Obrero Español demandará al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, su renuncia, para forzar el relevo y encaminar la negociación. Granados mantuvo que la salida es la «voluntad de diálogo y pacto» de Casado, «no hay que buscar otros caminos«.
De tal modo que nada se mueve. Un llamamiento incesante al Partido Popular a fin de que no «utilice los votos de los ciudadanos para desgastar las instituciones», a fin de que no ponga «disculpas», a fin de que no se favorezca de una mayoría absoluta de la que gozaba en dos mil trece —la última vez que se renovó el CGPJ— y de la que ya no dispone, a fin de que abandone una «lógica malvada y también irresponsable». A fin de que cumpla, resumió, con la Constitución.
