Una imagen de la testera del Tribunal Supremo.

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EP

El Tribunal Supremo (TS) ha considerado que impedir de modo absoluto informar sobre los menores implicados en crímenes graves «vulneraría la libertad de información ejercida conforme cánones de profesionalidad».

De esta manera lo apunta el Supremo en una sentencia en la que ha resuelto que el diario El Correo no vulneró el derecho a la amedrentad de 3 menores acusados de matar a 2 ancianos en el distrito de Otxarkoaga de Bilbao, en tanto que no facilitó datos que dejasen su identificación.

En su sentencia, el Supremo anula la indemnización de noventa euros que la Audiencia de Bizkaia había impuesto al diario a abonar a dichos menores (treinta euros a cada uno de ellos).

La demanda inicial fue presentada por la Fiscalía por una información publicada en ese periódico el nueve de agosto de dos mil dieciocho, con el titular “El fiscal afirma que los 3 acusados del crimen de Otxarkoaga tienen ‘una extensa activa de calle'».

En ella se especificaba el escrito de acusación del Ministerio Fiscal contra los 3 menores acusados de participar, en diferente grado, en el homicidio de 2 ancianos en ese distrito de Bilbao ocurrido en el primer mes del año de ese año.

El Juzgado de Primera Instancia desechó la demanda y estimó que no se había producido la transgresión aducida debido a que “la falta de datos de identificación de los menores” impedía que las menciones contenidas en el artículo afectasen a su amedrentad.

El Ministerio Fiscal apeló la sentencia, y la Audiencia de vizcaína estimó su recurso al comprender que sí se había producido una intromisión ilícita en el derecho a la amedrentad de los menores, con lo que condenó a la sociedad editora del periódico a indemnizar en treinta euros a cada uno de ellos de los menores.

La Audiencia Provincial estimó que los datos publicados sobre la personalidad de los menores, sus actuaciones precedentes y consumo de tóxicos, “nada aportan a la crónica del acontencimiento acaecido, siendo un exceso”.

Por último el Supremo ha estimado el recurso del diario y ha anulado las indemnizaciones, al estimar que no es adecuada la interpretación del tribunal vizcaíno de que los datos publicados no aportasen nada a la nueva, en tanto que existía un “evidente interés público” en la nueva, “predicable no solo respecto del hecho en sí, sino más bien asimismo respecto de la autoría, causas y circunstancias del hecho delictivo”.

Para el TS, «la afectación de la amedrentad de los menores ha sido muy ligera, cuando no inexistente, puesto que el artículo periodístico cuestionado no dejaba la identificación de exactamente los mismos» y solo quienes ya conocían la implicación de los menores hubiesen podido atribuir los datos publicados a esos menores.

Por esta razón, «impedir de una manera absoluto la información sobre los menores implicados en crímenes graves, sin identificarlos, que asista a la opinión pública a comprender las circunstancias que rodean la comisión del crimen, pues las personas de su ambiente más próximo conocen la relación de esos menores con el crimen objeto de la nueva, supondría una limitación desmedida que vulneraría la libertad de información ejercitada de conformidad con cánones de profesionalidad».

Conforme esta sentencia, no se adoptó «un enfoque morboso» para «orear parcelas de amedrentad personal» de los menores, sino los datos publicados «dejan contextualizar y entender las circunstancias en que se generaron hechos tan luctuosos, que además de esto están relacionados con la problemática más general que existía en el distrito de Otxarkoaga por la actuación violenta de ciertos jóvenes, que era objeto de discute público en aquellas datas».

El tribunal comprueba que «es ineludible» que en el momento en que unos menores se hallan implicados en delitos tan graves su ambiente más próximo conozca tal circunstancia, «mas tal circunstancia no puede impedir que la prensa informe sobre las circunstancias concurrentes en los hechos, aun las referentes al perfil de los presuntos autores, su contexto familiar y educativo».

«Prohibirlo (o bien estimar ilegal la conducta del medio de prensa que notifica sobre ellas) equivaldría a impedir que se informe sobre hechos en que se hallen implicados menores, por más graves que estos sean, lo que forma una limitación excesiva de la libertad de información», concluye la resolución.

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