El Supremo ratifica condena por corrupción en el Gobierno de Cataluña
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de prisión, sustituida por multa de 2880 euros, impuesta al exsubdelegado del Gobierno de Cataluña entre 2004 y 2007, Eduardo Planells. Este político ha sido condenado por firmar expedientes de extranjería ilegales de personas vinculadas con la mafia georgiana y por instruir a sus subordinados para que los tramitaran de manera favorable y preferente.
Un caso de corrupción en la gestión de extranjería
Eduardo Planells, en su cargo como subdelegado del Gobierno de Cataluña, entregó en 2001 un documento firmado a Malchas Tetruashvili, otro de los condenados en este caso. En el documento se indicaba que Tetruashvili actuaba en nombre de la ONG OPAC y que las solicitudes de permisos de residencia que presentaban empresas legalmente constituidas eran necesidades reales de trabajo. De esta manera, Planells favoreció a Tetruashvili y a personas relacionadas con él, obteniendo un beneficio económico indeterminado.
Influencia y trato de favor
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Planells, argumentando que los testimonios de los funcionarios demuestran la influencia que ejercía sobre ellos para que actuaran en beneficio de sus intereses. La sentencia también destaca que Planells utilizó su posición de experto en extranjería para aprobar solicitudes de residencia que carecían de documentación fundamental, lo cual es considerado un comportamiento arbitrario y delictivo.
La jurisprudencia y los delitos de tráfico de influencias
La sentencia señala que los hechos probados se ajustan a los criterios jurisprudenciales establecidos para el delito de tráfico de influencias, y que no es necesario demostrar un beneficio económico cuantificable para considerar la comisión del delito. Aunque no se haya podido cuantificar el beneficio obtenido en este caso, sí se ha acreditado la intención de obtenerlo.
Rechazo de la rebaja de pena
El Tribunal Supremo también ha rechazado la solicitud del condenado de reducir la pena en dos grados debido a dilaciones indebidas en el proceso. Aunque reconoce la lenta tramitación de la causa, considera que este factor no justifica una rebaja tan significativa en la pena impuesta.
En conclusión, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena por corrupción en el Gobierno de Cataluña, dejando claro que no se tolerarán comportamientos ilegales y abusos de poder en la administración pública. Esta sentencia busca garantizar la transparencia y la integridad en la gestión de los asuntos públicos, así como la protección de los derechos de los ciudadanos.
