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lunes 25 octubre 2021
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El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo para el pago de las fianzas de Diplocat

El Tribunal de Cuentas ha rechazado ampliar el plazo fijado para este miércoles a los treinta y cuatro excargos de la Generalitat que van a deber abonar la fianza de cinco con cuatro millones de euros que les demanda en término de responsabilidad contable por el supuesto empleo irregular de fondos para las llamadas ‘embajadas catalanas’ y el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Por medio de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la encargada instructora Esperanza García Moreno ha señalado que el plazo concedido, que es «superior al de diez días hábiles concedido con carácter general» es «razonable y suficiente para proceder al robustecimiento señalado».

La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de quince días hábiles a las defensas de los excargos -entre aquéllos que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras- para depositar la fianza, impuesta a fin de que puedan hacer en frente de las responsabilidades contables a las que pudiesen ser por último condenados.

Tal como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución pertinente, se procederá al embargo de recursos.

En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Peligros con diez millones de euros que va a ser gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).

La pretensión, conforme reconocieron en público altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad para cubrir las reclamaciones judiciales o bien administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que demanda el Tribunal de Cuentas.

Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press insistieron en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o bien no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación temporal si bien desde el Govern no coincidan con esto.

Recursos

Mientras que avanzaba el plazo, llegó al órgano fiscalizador y tambiénl recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la fianza reclamada. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, solicitó que se anulara la caución al estimar que «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» que «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluyendo el Tribunal de Cuentas».

Agregó que, en caso de que no fueran acogidas sus intenciones, se ampliara el tiempo concedido para el pago de la fianza y que se aclarara de qué manera la instructora había llegado a determinar el importe.

En este procedimiento asimismo consta y tambiénl recurso interpuesto por la defensa del expresidente catalán Artur Pero, quien adujo indefensión por una «irregular» tramitación de diligencias, solicitó cancelar la liquidación temporal hasta el momento en que se resolviese su solicitud y demandó suspender el plazo para abonar la fianza.

Conforme el acta de liquidación temporal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas demanda a treinta y cuatro ex- cargos cantidades individuales por conceptos específicos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex- secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de tres con seis millones; le prosiguen la ex- interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por tres con uno millones; el ex- conseller de Presidencia Francesc Homs, por dos con nueve millones; el ex- presidente Artur Pero por dos con ocho millones; y el ex- conseller de Economía Andreu Pero-Colell por dos con siete millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los 9 absueltos por el Gobierno, la cantidad alcanza los dos con uno millones de euros; Junqueras –asimismo favorecido por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de uno con nueve millones, del mismo modo que Puigdemont.

Si bien se les demanda a cada uno de ellos cantidades individuales, todos van a deber contestar al total de cinco con cuatro millones de forma solidaria.

Plazo para demandas

Cuando se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se va a dar traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del ámbito público perjudicada -en un caso así la Generalitat- y el resto acusaciones -Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes- a fin de que en el plazo común de veinte días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se proporcionará traslado al Ministerio Fiscal, por exactamente el mismo plazo, a fin de que la formule si de esta manera lo considera oportuno; caso de que tampoco presentara escrito, el órgano de la jurisdicción contable al cargo del pleito va a ordenar de oficio el fichero de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, seguirá el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, a cargo de la juez Margarita Mariscal de Gante -quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar-, al que por turno le correspondió este tema.

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