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jueves 24 noviembre 2022
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El TSJ de la villa de Madrid asimismo impulsa la rogatoria de Fernández Díaz a Andorra

El Tribunal Superior de Justicia de la capital de España (TSJM) asimismo ha acordado reactivar la comisión rogatoria cursada por las autoridades andorranas para comunicar la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz en la causa abierta en el Principado por la operación Cataluña, como hizo con el expresidente Mariano Rajoy.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición del exministro del Interior de suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria al Principado, donde una juez estudia una querella contra , Rajoy y el exministro Cristóbal Montoro por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir información de políticos catalanes a lo largo del «procés».

Conforme notifican a EFE fuentes jurídicas, el tribunal ha adoptado exactamente la misma resolución que acordó el miércoles con respecto a Rajoy y ha levantado la paralización que pesaba sobre la comisión rogatoria, de manera que se reactivan los trámites a fin de que la juez andorrana les notifique la demanda.

En su auto, muy afín al que dictó con relación a Rajoy, el tribunal acoge el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y arguye que la comisión rogatoria se cursó para avisar la demanda y a fin de que designen letrado, y que no se cumplen los requisitos para sostenerla paralizada de forma cautelar, explican las fuentes consultadas.

En un comienzo, el TSJM sí que paralizó la ejecución de las dos comisiones rogatorias de forma cautelarísima (sin percibir a las partes), aunque dio 3 días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a fin de que hicieran alegaciones.

Una vez recabados sus informes, ha decidido pronunciarse en su sentido y desechar las solicitudes de los dos exdirigentes del PP.

Este procedimiento judicial es consecuencia de la demanda que presentó contra Rajoy y otros exdirigentes del PP el Institut de Drets Humans de Andorra y el expresidente de la Banca Privada d’Andorra (BPA), quienes solicitan estudiarlos por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir información de políticos catalanes a lo largo del «procés».

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