El Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos en favor del Partido Popular y los de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de mil a seiscientos euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la «negativa infundada» a la vacunación.

Los partidos de la oposición han criticado esta «vacunación obligatoria» por estimar que solo servirá para «dar alas a los negacionistas» de la pandemia, mientras que el Partido Popular ha rechazado esa «supuesta obligatoriedad», en tanto que asegura que solo se va a poder establecer «en circunstancias muy específicas».

Esta reforma de la Ley de Salud de dos mil ocho, promovida por el Gobierno gallego mas presentada como proposición de ley por el PPdeG, establece como sanciones muy graves, con multas de más de sesenta euros los incumplimientos de la obligación del emplear la mascarilla o bien la «negativa infundada» a la vacunación «cuando se genere un peligro o bien daño muy grave para la salud de la población».

Asimismo la «falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento» o bien de la «obligación de cuarentena» de forma «repetida o bien reiterada», conforme figura en el texto elaborado en frente de la presente pandemia de covid-diecinueve.

Además de esto, capacita a las autoridades sanitarias, en todos y cada caso, a «adoptar medidas precautorias de obligado cumplimiento cuando exista o bien se sospeche razonablemente la existencia de un peligro inminente y grave para la salud de la población».

Estas limitaciones pueden ir desde la incautación de productos, hasta el cierre de empresas, la restricción de horarios o bien ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, como medidas de control de personas enfermas y sometimiento a tratamiento o bien a cuarentena, entre otras muchas.

Las medidas se adoptarán «de forma motivada, tras valorar los principios científicos» y siguiendo «el principio de cautela», mas van a poder establecerse «si bien prosiga existiendo peligro de inseguridad científica» cuando «se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un peligro actual o bien inminente para la salud de la población».

Para el miembro del Congreso de los Diputados del PSdeG Julio Tostado esta reforma es un «dislate absoluto» por el hecho de que aun «su encaje legal es más que controvertible», puesto que limita derechos y libertades individuales que solo competen a la normativa estatal, además de pretender instalar «un estado de salvedad permanente».

A su juicio, «obligar a vacunar es como apreciar eludir los accidentes y también tráfico prohibiendo los turismos«, en vez de apostar por concienciación, y es una medida que solo servirá para «estimular al negacionismo» y una reforma que piensa que solo tiene equiparación con la que prepara el presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

«Los negacionistas que mismos nutrieron están ahí fuera haciéndole el caldo gordito al Gobierno», ha lamentado Tostado, quien ha argumentado que su partido no puede respaldar esta ley por «rigor, sensatez y por la convicción plena en la ciencia» que semeja que la Xunta «no tiene».

Conforme Iria Carreira, del BNG, el inconveniente para la población gallega «no es que no desee vacunarse sino no puede» pues no hay suficiente vacunas que ponerles.

De ahí que, ha advertido de que «el inconveniente real no es el alegato negacionista», al que ha considerado que la Xunta «da alas» con esta ley, sino más bien la carencia de dosis y de personal.

Además de esto, ha dicho que es «un grave fallo» enfocar un problema médico pública tal y como si fuera de orden público, en vez de aprovechar la ley para fortalecer el sistema sanitario, con lo que no le ve más sentido que «procurar sortear» la responsabilidad de la Xunta dada esta pandemia para derivarla en la población gallega.

La miembro del Congreso de los Diputados del PPdeG Encarnación Amigo ha argumentado que «esa supuesta obligatoriedad de las vacunas» no es tal, sino en el texto figura, a este respecto, solo un «va a poder, en circunstancias muy específicas», y ha instado a la oposición a respaldar la reforma y no ponerse del lado de los negacionistas.

Ha protegido que el PPdeG con esta reforma procura «cubrir las lagunas y faltas de la legislación actual para combatir mejor contra la pandemia» frente a la «inacción» del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, que piensa que la oposición gallega está defendiendo.

Para Amigo la nueva normativa no es déspota, sino más bien garantista, y solo pretende «poner límites a lo que puede hacer una administración a lo largo de una crisis sanitaria».

A la reforma de la Ley de Salud, que entró en el Parlamento el mes pasado de noviembre y fue gestionada por el procedimiento de emergencia, se presentaron cincuenta y cuatro enmiendas de la oposición, mas solo se ha incluido en el texto final una del BNG referida a «repasar el lenguaje sexista» del texto.

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