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jueves 24 noviembre 2022
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La acción popular en el caso Gali se opone a la fragmentación de la causa

El letrado que representa a la acción popular en el caso de la supuesta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, se ha opuesto al recurso del ministerio fiscal contra la resolución del juez de Zaragoza que instruye la causa de rehusar el traslado a un órgano judicial de Logroño el procedimiento con respecto a uno de los delitos investigados, el de falsedad reportaje.

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, este letrado, Antonio Urdiales, resalta que las opciones planteadas por el instructor sobre la posibilidad de una autoría conjunta o concertada de los delitos investigados, los de falsedad reportaje y prevaricación, son razonamientos «más que suficientes para no disolver la conexión existente, que a juicio de esta parte es manifiesta».

En su recurso, la Fiscalía descarta que el supuesto delito de falsedad reportaje en investigación tenga conexión alguna con el de prevaricación asimismo denunciado y concluye que corresponde a un juzgado de Logroño determinar si Gali se sirvió de un pasaporte falso para ingresar, el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, horas tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza en un aeroplano proveniente de Argelia, en un centro de salud de la capital riojana para ser tratado de un covid agravado.

Como contestación al ministerio fiscal, y conforme con el instructor en el auto que rechaza desgajar la causa, Urdiales apunta que «solo la exagerada e improcedente aplicación de la Ley de Secretos Oficiales ha impedido hasta la data conocer de qué forma se concertó por las autoridades argelinas y españolas la entrada de un individuo buscado por las autoridades judiciales de España«.

A su juicio, el hecho de que Gali estuviese requerido por la Audiencia Nacional es «el auténtico motivo por el que se decidió que este individuo entrase en territorio de España proveído de un pasaporte falso, elaborado ‘ad hoc’ para ser ingresado en el Centro de salud San Pedro de Logroño».

Considera, además de esto, que el secreto establecido en torno a la charla mantenida por la exministra de Temas Exteriores Arancha González Laya con su análogo argelino impide conocer si el uso de un pasaporte falso deriva de un pacto «o si fue solo una ocurrencia de los argelinos».

Una charla, agrega en su escrito, cuyo contenido «nunca vamos a conocer», a menos que la comisión rogatoria mandada por el instructor a Argelia deje lanzar nuevos rastros en torno al caso, en el que estuvieron investigados en un inicio González Laya y su exjefe de Gabinete, Camilo Villarino, hasta el momento en que fue suspendida la investigación en torno a los dos.

En el auto impugnado por el fiscal, el juez advierte de que una inhibición «sería peligrosa cuando alardearía con ligereza que no están relacionados ni los motivos ni las personas para en su caso prevaricar y falsear el documento nacional de identidad», aseveración hecha en referencia al supuesto pasaporte falso presentado por la persona que acompañaba a Gali en el instante de ingresar el centro hospitalario riojano.

Y agrega que si bien no hay rastros de la autoría del supuesto delito de prevaricación, sí los hay de su existencia, como de su conexión con otro de falsedad reportaje, y agrega que son múltiples las opciones sobre una autoría «conjunta o concertada» que, resalta, la referida «zona de obscuridad» complica determinar.

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