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jueves 24 noviembre 2022
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La disputa sobre el CGPJ, primordial foco de interés diplomático en España

Las delegaciones diplomáticas en España notifican a sus capitales de lo más relevante que sucede en este país. En los últimos tiempos, esos “cables” diplomáticos están llenos de explicaciones y detalles sobre el enredo en el gobierno de los jueces en España, conforme han asegurado a El Periódico de España, del conjunto Prensa Ibérica, múltiples legaciones de esenciales países europeos. Para ciertas, es el tema número uno, la estrella del interés en la situación de este país. Otras se hacen cargo de dejar bien claro que no se trata de cotejar a España con otros países de incierto crédito judicial, como Polonia o Hungría, sino más bien de entender todas y cada una de las derivadas políticas y de calidad democrática en España.

PP y Partido Socialista Obrero Español llevan mil cuatrocientos cuarenta días sin ponerse conforme en de qué manera renovar a los miembros que son parte del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). El máximo órgano de los jueces lleva, así, prácticamente 4 años en funciones, una situación anormal en la democracia de España. Ese bloqueo impide el nombramiento de jueces en puestos clave como el Tribunal Supremo y enturbia la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional. El pasado nueve de octubre, Carlos Lesmes anunció su renuncia como presidente del CGPJ para no ser “cómplice” del bloqueo.

La preocupación de las instituciones europeas por la incapacidad de España para solucionar esta anomalía en el que es el tercer poder del Estado quedó clara con la visita, a fines de septiembre, del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Se interpretó como una forma de presionar a los políticos españoles a fin de que desbloqueasen la corporación.

Reynders se reunió con asociaciones de jueces y con miembros del Gobierno y de la oposición para instar a que cumplan las recomendaciones del informe europeo del estado de Derecho sobre España. Insistió en que el relevo en el órgano de gobierno de los jueces “es prioritario” y que “inmediatamente después” se debe proceder a mudar el sistema a fin de que los vocales de extracción judicial sean escogidos “por sus pares”, conforme notificó Cristina Galán. Dejó claro, diplomáticamente, que la carencia de renovación no es labor suya sino más bien una “cuestión interna de España”. Y advirtió de que va a hacer seguimiento del tema y de que, en el caso de incumplimiento, se va a hacer constar en el informe del próximo año, que se va a dar a conocer justo cuando España acepte la presidencia europea. Recordó que los ministros de Justicia acordaron, en el Consejo de Europa de dos mil diez, el sistema de elección de los vocales.

Jueces de link

Una parte del trabajo explicativo en las delegaciones extranjeras lo hacen los llamados jueces de link, jueces de otros países destinados en España que tienen contacto directo con las autoridades del ministerio de Justicia o los diferentes organismos eficientes del sistema judicial en España (aparte de preparar mecanismos de colaboración en cuestiones penales). Por lo menos uno de los europeos ha dedicado tiempo y esmero a desgranar las claves del lío político-judicial de España sobre el CGPJ, conforme notifican fuentes diplomáticas a este diario.

La evolución del “caso CGPJ” interesa fuera de España asimismo pues, si bien es un caso único en los detalles, no es el único. “La evolución sobre los consejos nacionales para el sistema judicial es clave para múltiples estados miembro”, se lee en el informe Estado de Derecho dos mil veintidos. “En España, se sostiene la preocupación sobre el retraso en la renovación del Consejo Judicial [CGPJ] y ha habido solicitudes para renovar el sistema de nombramiento. En Bulgaria, hay una preocupación creciente sobre el funcionamiento del Consejo Supremo Judicial y la necesidad de solventar su composición. En Irlanda, la composición prevista propuesta para el Consejo Judicial preocupa…”

El informe prosigue país por país, citando los inconvenientes de otros como Eslovaquia o Portugal. Mas no los mezcla con Polonia o Hungría. Considera “preocupaciones estructurales o sistémicas” la que hay sobre “la independencia del consejo nacional judicial que prosigue sin resolverse” en Polonia. Y destaca los “retos” a los que se encara Hungría sobre la carencia de “medidas de contrapeso” e “independencia” en su poder judicial.

Los “cables” que mandan las delegaciones extranjeras a sus capitales sobre el ecosistema judicial de España van a complicarse aún más en los próximos días, una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase este jueves que va a reformar el delito de sublevación, que va a pasar a llamarse de “desórdenes públicos agravados” y reducirá las penas de prisión de quince a cinco años y las de inhabilitación, de quince a ocho.

Los dos temas, la renovación del poder judicial y la modificación del delito de sublevación, ya se han mezclado en el discute político. La titular de Justicia de España, Pilar Llop, ha descalificado al PP de Alberto Núñez Feijóo por criticar la reforma de la sublevación mientras que sostiene “bloqueado” el CGPJ.

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