La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya tiene en su poder los doce informes con los fiscales del juicio del ‘procés’ se oponen a la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el 1-O bien. En ninguno de los casos, los representantes del ministerio público estiman que se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño precisos para respaldar una medida de gracia de estas peculiaridades de forma total, mas tampoco parcial, como adelantó este diario.

Los informes, uno por cada uno de ellos de los acusados, incluyendo los que no fueron condenados a cárcel, han sido redactados por los fiscales que representaron al ministerio público en el juicio del ‘procés’: Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. En todos rechazan la solicitud de indulto presentada para todos y cada uno de los condenados por el ‘procés’ por el letrado catalán Francesc Jufresa, entre otra personas, al estimar que no se infringe ninguno de los motivos previstos en la ley de mil ochocientos setenta para concederlos.

«A juicio del Ministerio Fiscal las circunstancias que concurren en el caso no recomiendan la concesión del indulto pedido, al no apreciarse razones de justicia, equidad o bien utilidad pública que autoricen su concesión, con lo que el informe que se emite será plenamente desfavorable. Tampoco acreditan la concesión de un indulto parcial, bien a través de la reducción de la pena de cárcel, bien a través de la substitución de esta por la pena de inhabilitación, teniendo presente la gran gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas», apuntan los informes a los que ha tenido acceso este diario.

Templar penas

Los informes explican que «el mecanismo del indulto pretende templar el rigor de las penas impuestas en aquellos inusuales casos en los que la rigurosa aplicación de la ley conduce a una contestación punitiva completamente desaforada y desmedida, normalmente a consecuencia del trascurso de elevados periodos de tiempo entre la comisión del delito y la ejecución de la pena (toda vez que no sean imputables al penado), situación que obviamente no se ha producido en el presente caso; mas asimismo en aquellos supuestos en los que, en atención a las específicas circunstancias del penado, el fin resocializador o bien rehabilitador ya no resulta rigurosamente preciso».

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