La juez prohbe el traslado de recursos de Meirs hasta hacer un inventario completo

La juez prohbe el traslado de recursos de Meirs hasta hacer un inventario completo

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado la solicitud de medidas cautelares pedida por la Abogacía del Estado y ha dictado un auto en el que ordena la realización de un inventario que abarque la totalidad de los recursos existentes, tanto en el interior como en el exterior de As Torres de Meirás. La juez Marta Canales advierte a los herederos del dictador Francisco Franco que no van a poder trasladar ningún bien de esta propiedad – declarada temporalmente patrimonio del Estado- hasta el momento en que se realice este catálogo y sin que lo autorice de manera expresa.

En su auto, la jueza establece que los trabajos de preparación de este inventario empezarán este miércoles once de noviembre, a las diez y treinta horas con la cooperación de los técnicos de la Consellería de Cultura y bajo supervisión de una comitiva judicial. El juzgado ha librado un oficio a la Guarda Civil a fin de que establezca un dispositivo de vigilancia en el pazo de Meirás y advierte a los Franco que van a deber facilitar el acceso de la comisión judicial al circuito.

La juez ha dictado el auto solo unas horas una vez que la Abogacía del Estado pidiese medidas cautelares para eludir el vaciado de la que fue vivienda estival de Franco a lo largo de toda la dictadura, solicitud a la que se adhirió inmediatamente la Xunta. En su escrito, la Abogacía del Estado hace referencia a una información publicada el pasado sábado en La Razón conforme la que los Franco habrían contratado los servicios de una compañía de mudanzas para «vaciar» el pazo de Meirás, tarea para la que precisarían de «entre treinta o bien cincuenta camiones» . «En la nueva publicada […] se infiere que aun se pretende proceder a la retirada de piezas o bien elementos que estarían unidos de forma fija y permanente a las fincas, edificio o bien construcciones anejas», incide la Abogacía del Estado en su escrito, en el que mantiene en que el pazo de Meirás es un Bien de Interés Cultural y que su protección se extiende «a sus elementos y componentes».

En su escrito, los servicios jurídicos del Estado apuntaban además de esto a la existencia de otros recursos «que tienen o bien pueden tener idéntica protección», en alusión, entre otros muchos, a las estatuas del Mestre Mateo. Por motivos como éstos, ven más que fundada la solicitud de medidas cautelares que impidan a los Franco retirar recursos hasta realizar este inventario. Se trataría del único modo, remarcan, de velar por el hecho de que se «preserve la integridad» del pazo de Meirás y asegurar que «no se vulneren las medidas o bien el nivel de protección que recae en exactamente el mismo».

La Xunta se sumó a la solicitud y presentó otro escrito en el que aduce que la entrega del Bien de Interés Cultural debe «ser completa» y también incluir «todo cuanto se halle en el mismo», con lo que ve preciso medidas «para impedir cualquier actuación que suponga un peligro para la conservación y el mantenimiento del bien en su integridad». En su escrito, la Consellería de Cultura se ofrece a cooperar en la realización de un «inventario detallado de todo cuanto allá se halle».

La juez ha atendido inmediatamente la solicitud de la Abogacía del Estado. En su auto, la jueza arguye que los recursos clasificados como BIC disponen de protección integral y que este nivel de protección arquitectónica limita de forma notable las intervenciones toleradas y «fuerza a la conservación íntegra de los recursos y de sus elementos y componentes en un estado lo más próximo posible al original desde la perspectiva de todos y cada uno de los valores culturales que conforman el interés del bien, respetando su evolución, transformaciones y contribuciones a lo largo del tiempo».

La juez comprende que, a la vista de la información publicada por La Razón, «se impone la realización de un inventario con el objetivo de conservar la integridad de este bien inmueble» y «de todos aquellos recursos que merezcan tal protección» y eludir que el pazo «sea vaciado sin ningún género de perseverancia de los recursos que se hallan en su interior». «La emergencia es patente, concurre la apariencia de buen derecho exigible y este juzgado debe velar por la integridad del bien y la eficiencia práctica de la sentencia», arguye la jueza, que apunta que la resolución comporta además de esto una «garantía a los demandantes» caso de que el fallo sea anulado.

El auto frena el traslado de recursos muebles del pazo de Meirás hasta el momento en que se realice un inventario completo, mas no cierra las puertas a la mudanza de elementos siempre que cuente con la preceptiva autorización judicial. Desde el juzgado ya precisaban la semana pasada que la sentencia que fuerza a los Franco a devolver el pazo no incluye los recursos muebles, que no fueron objeto de la demanda, con lo que su porvenir prosigue en el aire.

Si bien desde la Delegación del Gobierno en Galicia aseveraban este lunes que el auto de la juez «decreta que no es posible trasladar o bien retirar ningún género de bien de la finca», especialistas juristas consultados por este diario se muestran precavidos y apelan a las contrariedades de prohibir un cambio de localización de moblaje y obras artísticas que no fueron objeto del pleito. «La demanda se limitó a las fincas y edificaciones, solamente», apuntaba este lunes el catedrático de Derecho Civil y también miembro de la comisión de especialistas nombrada por la Xunta para recobrar el pazo, José Manuel Busto Lago.

La presunta mudanza que proyectaban los Franco ha dejado ahora en patentiza las lagunas y las zonas en sombra de un BIC del que aún se ignora en profundidad su contenido, el valor de las incontables piezas amontonadas a lo largo de toda la dictadura por Franco y su esposa, Carmen Polo, y que incluyen obras de arte, entapices, piezas arqueológicas o bien etnográficas, antigüedades, estatuas…, hasta un pazo, el de Dodro, que fue desmontado pieza para ornamentar el jardín o bien estatuas semiescondidas en los caminos de las que apenas se conocen detalles.

La resolución de la Xunta de dos mil ocho por el que se declara Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás en la categoría de lugar histórico apenas aporta información sobre los recursos muebles y carece de un anejo con el inventario. El dictamen se restringe a hacer perseverancia de la existencia de «muebles de temporada, cuadros, entapices, armas y pergaminos», de «estantes llenos de libros y documentos cuyo valor se ignora» y del «interesante retablo de madera» de la capilla. Políticos que participaron en el proceso atribuyen la carencia de detalles a las trabas que pusieron los Franco en aquel instante, que llegaron a recurrir en los juzgados, y al escaso tiempo del que dispusieron los técnicos para la inspección: solo 4 horas.

Durante todos estos años, a pesar de la catalogación de BIC, no consta que la Xunta haya efectuado ninguna inspección para llenar el inventario, ni tampoco que inspeccionase qué recursos entraban o bien salían del pazo a lo largo de estos años (este diario preguntó por este extremo a la Consellería de Cultura sin conseguir contestación). El Concello de Sada alertaba este lunes de los peligros de esta falta de detalle y apremiaba a la Consellería de Cultura a iniciar inmediatamente un expediente para alterar el decreto por el que se declaró BIC el pazo de Meirás en dos mil ocho para añadir la relación de recursos muebles asociados a la categoría de lugar histórico, «como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, el retablo, los pergaminos, entapices,… que se mientan en la resolución», apunta el regidor, Benito Portela.

En una línea afín, el encargado de Cultura de la Diputación, Xurxo Couto, demandó a la Xunta medidas inmediatas para proteger recursos como las estatuas de Mestre Mateo, las pilas bautismales románicas de la iglesia de Moraime o bien la biblioteca de Pardo Bazán. El nacionalista arguye que hay pruebas del «expolio» de las pilas o bien de las estatuas y espera que el inventario deje recobrar más recursos que forman parte «del botín del dictador».

En el BNG fueron los primeros en demandar medidas cautelares para asegurar la «inmovilización de los recursos que son parte del patrimonio público y que son fruto del expolio franquista» tras trascender la posible mudanza. Historiadores consultados por este diario como Manuel Pérez Lorenzo, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, o bien Emilio Grandío, miembro de la comisión de especialistas, apuntaron desde el primer instante a la necesidad de no permitir ningún traslado de recursos hasta contar con de un inventario que dejase distinguir entre el patrimonio de los Franco del que fue adquirido con fondos del Estado a lo largo de la dictadura o bien del que formaba una parte de As Torres en tiempos de Emilia Pardo Bazán.

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