La Reunión Nacional de Ecuador se reúne este martes para poner en escena un hecho nuevo en cuarenta y cuatro años de vida institucional. El presidente del país, Guillermo Lasso, encara un juicio político por presunta malversación de fondos públicos. «Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre y en todo momento he actuado con recta pretensión», afirmó. Para el exbanquero, quien aceptó la presidencia el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno y, desde ese momento, no ha dejado de pasear por la delgada cuerda de la inestabilidad, esta tentativa de petición de censura «huele muy mal». Alén del aroma que despida, Lasso encara una embestida variada que reúne a Unión por la Esperanza (Unes) del expresidente Rafael Correa, el movimiento indígena Pachakutik, campos independientes y hasta al Partido Social Cristiano (PSC), un viejo asociado electoral del magnate. Para destituirlo se precisan noventa y dos votos del total de ciento treinta y siete asambleístas.
La puerta del juicio se abrió con ochenta y ocho votos. El Gobierno de derechas creía que esa situación no iba a celebrarse. Lasso lo advirtió de forma tardía y afirmó que se trataba de un «golpe de Estado parlamentario» para el que se prepara en el peor caso.
Conforme las fuerzas opositoras, Lasso es aparentemente responsable del delito de peculado (malversación) al tener conocimiento de las irregularidades en un contrato firmado por la compañía estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker. Aunque ese acuerdo data de dos mil dieciocho y se renovó bajo la presidencia de Lenin Moreno, los contrincantes del líder estiman que no hizo nada a fin de que este arreglo perjudicial se terminara.
En dos mil veintidos, Lasso consiguió eludir una situación afín a la presente, cuando en la mitad de una avalancha de quejas dirigidas por el movimiento indígena la Reunión no consiguió los votos suficientes para una petición de censura. La figura presidencial se prosiguió desgastando con la tunda electoral de meses atrás.
Las condiciones políticas de contrariedad no han alterado para el Gobierno actualmente. El nuevo juicio va a ser liderado por Virgilio Saquicela, un socialcristiano que termina de ser ratificado como la primordial autoridad de la legislatura. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó este lunes la presencia de Lasso en el circuito, pese a la poca expectativa de que se haga un proceso justo. «¿Tendremos dignatarios que son títeres de objetivos inconfesables entre los que está la impunidad o tendremos autoridades que trabajen a favor del interés general?», se preguntó. «Sí, tengo un acuerdo con Unes, y lo digo al país, y es la institucionalidad del Ecuador», respondió Saquicela.
La agenda
Los asambleístas van a tener dos horas para solicitar a Lasso. Entonces, el presidente va a contar con 3 horas para presentar su alegato. Más tarde, cada parte va a poder contestar por un tiempo máximo de una hora. La Reunión reanudará entonces la discusión. La ley establece un plazo de 5 días para acotar lo que el ministro Cucalón calificó de un procedimiento «ilícito que nació, se desarrolló y acabará sin pruebas, sin razonamientos y con serios vicios legales».
Correa, quien se halla asilado en Bélgica, y sus seguidores piensan que se aproxima un tiempo de revancha política. «Ya queda poco…Volverán los días de gloria, volverán», escribió en su cuenta de Twitter. El diario ‘El Comercio’ de Quito advirtió sobre el riesgo de que el Parlamento juegue «con fuego» en esta instancia. «Ecuador, en la mitad de sus crisis, no debe olvidar que tiene un compromiso con la democracia. Y que todo se debe medir con la encalla de la justicia, la legalidad, el bien común. Y que todos y cada uno de los poderes del Estado están bajo el escrutinio social».
Muerte cruzada
Para Oswaldo Paz y Miño, columnista de ‘El Telégrafo’, Lasso «tiene el mecanismo constitucional de enviar a casa a todos«. El columnista hizo referencia a lo que en ese país se conoce como «muerte cruzada«, una forma de llamar a los atributos que tiene el Ejecutivo para disolver los poderes representativos del Estado, bajo el amparo constitucional y en el caso de «obstrucción» de las funciones presidenciales. Esa figura de la Carta Magna, introducida en el artículo ciento cuarenta y ocho de la reforma de dos mil ocho, deja al líder interrumpir su administración y la de los miembros del Congreso para convocar inmediatamente a nuevas elecciones generales. Solo puede emplear ese instrumento una sola vez y ya antes de los 3 años de ejercicio del poder. Tanto Lasso como los legisladores podrían participar de esos comicios. El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, aseguró que el decreto para la aplicación de la «muerte cruzada» ya está ya listo.
«No va a haber noventa y dos votos para destituir al presidente», afirmó Ortiz. En el caso de que eso suceda, debería aceptar la presidencia el presente vicepresidente, Alfredo Borrero. Si eso no sucediese, imaginan los analistas, Lasso va a haber subsistido a un alto costo político que acentuará su debilidad.
