La Fiscalía Anticorrupción pide quince años de prisión para Alberto Luceño y nueve años y diez meses para Luis Medina por el llamado caso mascarillas, el ‘pelotazo’ por prácticamente prácticamente 6 millones de euros en comisiones que los empresarios consiguieron embolsarse a través de una operación de adquiere de material sanitario para el Municipio de la capital de España.
Conforme el escrito de acusación del Ministerio Público, el costo pagado por el Municipio de la villa de Madrid en esta operación -seis con veinticuatro euros por cada mascarilla- «fue, con una gran diferencia, el más alto que un municipio de España de más de trescientos habitantes pagó por este género de producto». En torno a esas datas (entre el veintitres y el veintiseis de marzo de dos mil veinte), por poner un ejemplo, los Municipios de Barna y Zaragoza adquirieron este género de mascarillas por un coste unitario de dos con cincuenta y uno con sesenta euros, respectivamente, conforme especifica el documento.
El escrito de quince páginas que firma fiscal Luis Rodríguez Sol considera a Luceño responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública; al tiempo que a su asociado aristrócrata le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil.
