Las pequeñas y medianas empresas aplauden el mecanismo excepcional puesto en marcha por Hacienda para abonar a los distribuidores de municipios, mas demandan no tener que abandonar a los intereses de demora. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a más de un millón de pequeñas y medianas empresas y autónomos, festeja la medida tomada por el Ejecutivo, que está dirigida a saldar las facturas con plazos de vencimiento superiores a los treinta días legales precedentes al 1 de julio de dos mil veintiuno de mil seiscientos cuarenta consistorios y otras seiscientos setenta entidades.
Esta organización, de la que la patronal catalana Pimec es una de las promotoras, recuerda que los distribuidores tienen derecho por ley a cobrar los intereses de demora. Por esta razón han reclamado que «se corrija con la mayor emergencia» este punto, puesto que el plazo que tiene los ayuntamientos y distribuidores para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes concluye el próximo once de febrero.
El presidente de Pimec y de la PMcM, Antoni Cañete, ha manifestado que espera que esta medida de Hacienda tenga continuidad “porque está contemplado desde dos mil trece en la ley orgánica de control de la deuda comercial del campo público” y no se explica “cómo se ha tardado tanto en ponerse en marcha”.
Inyección de liquidez
Para la PMcM, los planes de pago a distribuidores acarrean una inyección de liquidez a la economía real y son realmente útiles para reducir la morosidad que afecta a pequeñas y medianas empresas y autónomos, mas no son suficientes para asegurar la cadena de pagos.
Cañete explica que “no se ha arbitrado ningún mecanismo por el que estas empresas, en el momento en que cobran del plan de pago a distribuidores, tengan la obligación de abonar por su parte a los subcontratistas, a fin de que el dinero fluya hasta el último eslabón de la cadena productiva y que de esta forma la eficiencia de esta clase de medidas tengan un efecto de catarata real y definitivo; muchas subcontratas (los distribuidores de los distribuidores) quedan a la espera de cobrar por la parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones (fabricantes y contratistas) por medio de un plan de pago a distribuidores. Por esta razón, demandamos que se ponga en marcha un régimen sancionador, que es la única vía para terminar claramente con esta lacra».
El mecanismo para abonar a los distribuidores, incluido en los Presupuestos del Estado para este año con una dotación de dos mil millones frenó una posible sanción a España por demoras en los pagos de la administraciones públicas. El régimen sancionador de la ley contra la morosidad está paralizado en el Congreso desde hace algo más de un año.
