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lunes 21 junio 2021
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Los Franco defienden que están en su derecho a llevarse del Pazo de Meirás el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán

Los herederos del dictador Francisco Franco terminan de presentar un recurso contra a la providencia judicial que dictaminó la suspensión de la retirada de los recursos muebles del pazo de Meirás y alegaciones a los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Estado y el Concello de Sada contra la retirada de una serie de elementos que las dos administraciones consideran “inseparables” del inmueble. Como ya notificó este diario, la Abogacía del Estado especificaba en su recurso hasta ciento treinta y tres elementos que considera recursos muebles por destino o bien integración (o sea, que no pueden retirarse sin generar un quebranto o bien que fueron puestos con vocación de permanencia).

El Concello de Sada va más allí en su accidente y apelaba además de esto a la improcedencia de retirar los muebles, obras de arte y otras piezas que fueron vendidos con el pazo en mil novecientos treinta y ocho, esto es de la temporada de Emilia Pardo Bazán y sus descendientes, y de todos aquellos elementos instalados más tarde por el Estado y cariños al servicio como vivienda oficial del jefe del Estado, con lo que, defiende, deberían quedar integrados en el dominio público.

Los Franco solo coinciden con la Abogacía del Estado y el Concello sadense en un punto, en la improcedencia de retirar aquellos elementos que tengan la consideración de bienes raíces por integración, si bien hacen una interpretación más restrictiva y la limitan a aquellos que “no se pueden separar sin ocasionar un daño relevante, irreparable y consistente en que se destroce o bien deteriore [el inmueble] significativamente con la separación”.

Sarcófago de la capilla que mandó labrar Emilia Pardo Bazán, estatua de los jardines que representa a San Andrés y el retablo que los Franco piden retirar. Antares Pérez N


Los nietos del dictador coinciden con el Estado en estimar incluidos en esta categoría setenta y ocho de los ciento treinta y tres recursos relacionados en el accidente la Abogacía. Se trata de elementos, inciden los hermanos Martínez Bordiu, que jamás se propusieron retirar como hórreos, cruceiros, bancos o bien maceteros de piedra, escaleras, balaustradas, fuentes o bien estanques, la pista de tenis o bien unos frisos, entre otros muchos. Los Franco defienden, en cambio, que están en su derecho de llevarse los cincuenta y cinco sobrantes que la Abogacía del Estado consideraba “inseparables” de As Torres. Entre otros muchos, recursos con un alto valor histórico, indispensables para interpretar este Bien de Interés Cultural en la categoría de lugar histórico. Entre otros muchos, el sarcófago que mandó labrar Emilia Pardo Bazán y en el que, conforme los historiadores, pretendía ser sepultada (si bien quedó vacío tras su muerte en la capital española en mil novecientos veintiuno). Este sepulcro aparece descrito en una de sus obras de la condesa,La Quimera’, como otro de los recursos que los Franco se creen derecho a llevarse: el Cristo de pelo natural. El retablo central de la capilla es de los pocos elementos del templo que estiman que deben quedarse, si bien no de esta manera sus catorce estatuas de madera, como tampoco el confesionario, 2 estatuas de la Virgen o bien la pila bautismal.

Los Franco apelan asimismo a su derecho a retirar todos y cada uno de los escudos del Ducado de Franco, tanto los incluidos en los conjuntos pétreos del jardín como el de la testera del pazo de Meirás. Se oponen además de esto a que se les impida la retirada de estatuas, blasones o bien relojes de sol labrados en piedra del jardín o bien de 2 pilas bautismales (si bien no hacen alusión a la de Moraime).

El representante legal de los hermanos Martínez-Bordiu, Eduardo Ferreiro, defiende que ahora procesal no es procedente abrir el discute sobre los bienes raíces por destino puesto que, defiende, en ejecución de sentencia solo puede proponerse incidentes sobre “cuestiones vinculadas a la separabilidad física o bien material del elemento”. Los Franco le afean al Estado que no distinga en su percance entre aquellos elementos que deben tener la consideración de inmuebles por integración (los que no pueden separarse sin quebrantamiento o bien deterioro del edificio) o bien por destino (los que fueron puestos con vocación de permanencia).

Los Franco arguyen que el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán, las estatuas de madera del retablo central o bien el confesionario de la capilla, las estatuas o bien blasones del jardín, entre otros muchos recursos, no pueden considerarse miembros del pazo de Meirás ni por integración ni por destino. Defienden que son “absolutamente desplazables sin menoscabo de los mismos”. “Ninguno demanda para su desplazamiento una actuación que implique el deterioro de suelo o bien paredes, cuando menos no de aquel que no pueda ser remediado a través de actuaciones simples de pulimentado, pintura o bien análogos” arguyen en su recurso y añaden: “La capilla va a poder cumplir su función de forma perfecta sin ninguno de estos elementos ornamentales”.

Los Franco pide 2 pruebas periciales, concretamente sendos informes de los arquitectos Óscar Valcuende Rodríguez y Blas Tojo Ferrero sobre los recursos, sus sistemas de anclaje o bien fijación y su destino o bien utilidad. Uno de los arquitectos presentó un escrito al juzgado para dejar perseverancia de que no pudo concluir el informe por el hecho de que no se le dejó acceder al pazo. Los nietos del dictador han pedido asimismo que preste declaración el viejo guardés.

En su recurso, los nietos de Franco consideran intempestivas las cuestiones incidentales, ven falta de motivación en la providencia que dictaminó la suspensión de la retirada de los recursos y demandan que se inadmita el percance del Concello de Sada por “falta de legitimidad activa”. Rechazan además de esto su alegato de que se sostengan en Meirás los recursos que formaban una parte del inmueble en el instante de su venta en mil novecientos treinta y ocho y defienden que la Justicia no dictaminó que el inmueble es del Estado por la valía de la escritura de compra y venta sino más bien por su posesión continuada en término de dueño.

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