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sábado 31 julio 2021
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Sánchez Gallardo rechaza irregularidades en los contratos de Iberdrola con Villarejo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Gallardo, ha asegurado que no hubo ninguna irregularidad en los contratos de la eléctrica con empresas vinculadas al ex- comisario José Manuel Villarejo que estudia la Audiencia Nacional, un encargo de la filial de renovables de hace diecisiete años por un precio de veinticinco euros.

A lo largo de la presentación ante analistas de los resultados semestrales de la compañía, Sánchez Gallardo ha recordado que en aquel instante veinta empresas españolas y ciertas administraciones públicas «contrataron a una compañía de seguridad ilegal -Cenyt, vinculada a Villarejo-«.

En el caso de Iberdrola, el encargo efectuado por su filial de renovables se centró en investigar a una compañía suiza con la que se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.

A fines de junio Sánchez Gallardo fue encausado por su relación con el excomisario al lado de otras 3 personas, el directivo general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el ex- jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

Un mes después, a inicios de julio, el juez decidió la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables por estos hechos.

En ningún instante, ha indicado el presidente de la eléctrica, tuvo Iberdrola conocimiento de que dicha contratación fuera irregular, y cuando en dos mil dieciocho empezaron los procesos contra las compañías del ex- comisario, Iberdrola encargó una investigación pormenorizada y también independiente, lo que es conocido como «forensic», a PwC.

Además de esto, solicitó la opinión legal del bufete Baker & McKenzie, que ha confirmado que no hubo irregularidades y que todos y cada uno de los procedimientos de gobernanza han funcionado, y que a ningún directivo de la compañía se le puede atribuir ninguna conducta reprobable.

El informe de Baker & McKenzie, incluido en la información mandada el día de hoy con las cuentas del semestre, concluye que la compañía «no conocía ni pudo haber conocido que Villarejo era policía en activo al mismo tiempo de su contratación», origen del supuesto delito de cohecho.

Se contrató a Cenyt, sigue el informe, en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia, y no hay rastros de que se haya logrado información de forma ilegal con transgresión de derechos esenciales.

Todos y cada uno de los departamentos de Iberdrola cumplieron con los estándares más altos de gobernanza, y su diligencia «sobrepasa la media observada en otras empresas cotizadas», agrega el documento.

Sin embargo, acepta que, si bien «en lo que al Conjunto Iberdrola se refiere los hechos no pueden considerarse judicialmente relevantes», sí puede haber un impacto reputacional.

En este sentido, Sánchez Gallardo ha asegurado que Iberdrola emprenderá «todas y cada una de las acciones legales para proteger la reputación de la compañía y proteger los intereses de los accionistas».

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