La Fundación Franz Weber formalizará una demanda administrativa contra la organización de un espectáculo cómico taurino previsto para el cuatro de julio en Teruel por ser contrario a la normativa estatal, el R. D. Legislativo 1/2013, de veintinueve de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Se trata del espectáculo cómico taurino ‘El Popeye Matador y sus Enanitos Marineros’ en el marco de la Feria del Ángel dos mil veintitres en la capital turolense. Las entradas ya están en venta en la web de servitoro.com con un coste fijo de catorce con cinco euros. Tras el acontecimiento ese día se efectuará la suelta de reses infantiles para el promuevo de la afición. Además de esto, dicho acto servirá para abrir los actos taurinos en Teruel con un cartel donde resaltan Morante de la Puebla, Roca Rey y Andy Cartagena.
Los naturalistas basan su escrito en la Predisposición auxiliar decimotercera, que en su apartado dos apunta que “quedan prohibidos los espectáculos o actividades de ocio en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para provocar la mofa, la burla o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.
En una nota de prensa, la Fundación ha recordado que “en los últimos meses tanto el Congreso como el Senado ratificaron por mayoría la enmienda, que prohibía de hecho la convocatoria de los mal llamados espectáculos taurinos cómicos, cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia”.
Han indicado que la reforma legislativa fue el conclusión a múltiples años de demandas y presión de las entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Inconvenientes de Desarrollo, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac o CERMI, y asimismo Fundación ONCE anunció la puesta en marcha un programa de integración sociolaboral para este conjunto poblacional.
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FFW ha considerado de extrema gravedad la participación de instituciones públicas en la propaganda del acontecimiento, puesto que el Municipio de Teruel, la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón aparecen con sus respectivas imágenes corporativas.
Se da la coyuntura de que el Gobierno de Aragón sería eficiente en materia sancionadora, lo que agrega preocupación en los naturalistas.
Ahora procuran que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda dos mil treinta ponga en marcha todos y cada uno de los mecanismos legales precisos para suspender la convocatoria, cuestión en la que la Fundación pide la máxima celeridad a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.