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sábado 31 julio 2021
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Una obra de A Coruña va a marcar jurisprudencia en toda España sobre los plazos de las licencias

La disputa jurídica que sostenían con el Concello los dueños del solar ubicado en el número trece de la calle de San Andrés, en A Coruña, sobre la caducidad de la licencia que les concedieron para edificar un edificio se saldó por último en el Tribunal Supremo con un resultado en su favor. La resolución del Alto Tribunal sienta jurisprudencia sobre el empleo del silencio administrativo para marcar el comienzo del plazo para declarar caducada la licencia, en tanto que rechaza esa fórmula para estimar notificado el informe conveniente del Concello sobre el acta de replanteo, con lo que ahora el periodo a fin de que caduque comenzará a contar cuando se comunique esta sentencia.

Pese a que el Concello arguyó que el paso de 5 años desde la concesión de la licencia hasta el comienzo de la declaración de caducidad hacía evidente el desinterés de los dueños por empezar la obra, el Supremo determina que no debían “ofrecer explicaciones sobre su falta de actividad” y sí el Concello, del que afirma que “estaba infringiendo un deber legal, su deber de solucionar”.

La sentencia rechaza que los empresarios cometiesen un abuso de derecho y apunta que el Concello pudo “evitar los efectos que pudiesen derivarse de la licencia por el trascurso del tiempo a la vista de la previsible futura entrada en vigor de nuevas reglas de planeamiento”, en tanto que “le bastaba, simplemente, con avisar en tiempo y forma el informe que sus servicios habían emitido”.

Los promotores habían pedido en dos mil nueve el permiso municipal para rehabilitar y ampliar la edificación, en el que pretenden edificar diez residencias y un bajo comercial, y lo alteraron por año siguiente. Más tarde desmontaron la testera para descombrar el interior del edificio, en tanto que su galería, ventanas y recercados disponen de protección. Mas en dos mil quince el Concello abrió un expediente para declarar la caducidad de la licencia al revisar que las obras no habían comenzado y por año siguiente ratificó la retirada del permiso para edificar.

Esto forzaría a los perjudicados a pedir una nueva licencia, mas para entonces ya había entrado en vigor la nueva normativa urbanística de la Urbe Vieja y la Pescadería, que reduce las posibilidades de edificar en esa zona en relación con la de mil novecientos noventa y ocho, conforme a la que se había concedido la primera licencia.

Los dueños recurrieron la resolución explicando que habían pedido al Concello la confirmación del acta de replanteo de las obras, trámite consistente en la comprobación de los documentos del proyecto. El día después a la firma de esa acta es el que marca el inicio del plazo para la ejecución de los trabajos, mas en el caso del solar de San Andrés, los promotores arguyeron que la administración municipal efectuó este trámite mas no se lo avisó, con lo que estimaban que no se había comenzado el periodo establecido para la construcción del edificio que habían proyectado.

Tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desecharon el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los dueños al admitir la tesis municipal de que el acta de replanteo había sido confirmada por silencio administrativo. Al recurrir frente al Supremo, los promotores arguyeron que la sentencia del Superior era contraria a la jurisprudencia sobre el silencio administrativo por el hecho de que el administrado no tiene la obligación de hacer empleo del mismo a favor suyo.

Asimismo recordaron que en el mes de julio de dos mil diez, al presentar el acta de replanteo pidieron al Concello que en su contestación especificase “que el plazo de ejecución de las obras de dieciocho meses se computará desde el día en que se emita el informe técnico municipal conveniente respecto de la operación de replanteo, y en su consecuencia se autorice el comienzo de las obras”, a lo que agregaron que la licencia concedida en dos mil nueve establecía que “no se van a poder iniciar las obras sin que se haya logrado informe conveniente respecto de la operación de replanteo, emitido por los técnicos municipales” . Mas el Supremo comprende que no es “razonable” la interpretación del silencio administrativo efectuada por el Concello al estimarla contraria a la jurisprudencia y pues primaría su inactividad en el momento de avisar la autorización del acta de replanteo. Asimismo comprende que se ejercitaría “en perjuicio del ciudadano” al demandarle que actuara con más diligencia sobre la tramitación de la licencia que la propia Administración.

Daños a las residencias del edificio anexo

La larga inactividad en el solar del número trece de San Andrés ha tenido consecuencias negativas para la edificación anexo, el número once, puesto que al estar las medianeras sin protección, las residencias fueron dañadas por las humedades aparecidas. Este segundo inmueble se edificó en dos mil cuatro y por año siguiente se derruyó el que ocupaba el número trece, en cuyo solar el abandono hizo aparecer suciedad y ratas, conforme los perjudicados, quienes lograron tras múltiples años que se retirase el andamio que había sido puesto delante la testera. Tras las demandas de los vecinos por las humedades, los promotores cubrieron la medianera con poliuretano proyectado, mas con el paso del tiempo ese material se deterioro y volvieron a surgir los inconvenientes en las residencias, con lo que los perjudicados demandaron el pasado octubre frente al Concello y elaboraron una nueva demanda en el juzgado. Según ellos, los promotores explicaron que el solar es propiedad de una comunidad de recursos y que sus miembros disentían sobre qué trabajos eran precisos para solucionar el inconveniente.

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