Ningún miembro del Consejo de Administración de la entidad ha dimitido, a pesar del escándalo provocado que ha causado parte del desastre que ha arrastrado a todo el sistema financiero español al borde del precipicio.
La mayoría del Partido
Popular en la Mesa de la Asamblea de Madrid no ha admitido a trámite la
Proposición No de Ley (PNL) de Unión Progreso y Democracia en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad
de Madrid exigir responsabilidades a los gestores de Caja Madrid, entidad
que controlaba el Grupo BFA- Bankia.
El informe jurídico en el que se basa la decisión concluye
que el gobierno de la Comunidad de Madrid "carece de competencias sobre la
materia objeto de la PNL”, cuando UPyD hace mención expresa en su iniciativa de
los artículos legales que recogen esas competencias:
- Inicio
de los expedientes de investigación y sanción por la gestión de Caja Madrid. Artículo
75 de la Ley 4/2003 de 11 de marzo.
- Ejercicio
de las competencias sancionadoras contra los responsables de las posibles
infracciones administrativas. Artículos 88, 89 y 90 de la Ley Ley 4/2003 de
11 de marzo.
- Exigencia
de responsabilidad patrimonial. Artículos 145 y 146 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
UPyD pide también que se
ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal todos los
datos de los expedientes citados de los que se puedan derivar responsabilidad
penal de los gestores. Y que inicie las actuaciones precisas antes las
instituciones pertinentes para destituir al Consejo de Administración de la
Caja, ya que todavía no han dimitido y siguen siendo los mismos.
La PNL de UPyD indica que la
Comunidad de Madrid tiene competencias de supervisión, investigación y control
de la actividad económico financiera y benéfico-social, otorgadas por una ley
autonómica. Es más, la propia Comunidad de Madrid autorizó a través de su
Consejero de Economía, en su momento, la integración de Caja Madrid en Bankia.
El portavoz de UPyD en la
Asamblea, Luis de Velasco, ha afirmado que "el gobierno regional debe abrir
los expedientes correspondientes para determinar cuál era la situación de Caja
Madrid previa a la fusión en el Grupo BFA- Bankia, así como la gestión
posterior en Caja Madrid, y las posibles responsabilidades administrativas,
civiles y penales que puedan derivarse para sus gestores”.
Luis de Velasco ha añadido
que al igual que ocurrió con el rechazo de la creación de una Comisión de
Investigación de Caja Madrid en la Asamblea (también solicitada por UPyD),
el gobierno ha perdido otra oportunidad de mostrar su respeto a la democracia
y a la transparencia, así como a demostrar que los costes de la crisis no sólo
van a ser asumidos por los ciudadanos sino también por los malos gestores de
las entidades financieras que nos han conducido a la grave situación en la que
nos encontramos. |